Las sentencias judiciales contra el Ayuntamiento de Elche han obligado a destinar en este mandato más de 2,8 millones de euros de las arcas municipales al pago de multas, según cifran desde el área de Hacienda, con los consiguientes efectos negativos y polémicas levantadas por la gestión municipal realizada, además de los quebraderos de cabeza para estudiar de dónde sacar el dinero. La última de ellas es la del Valle Trenzado, pero no es la única. También destacan otras tantas tan sonadas como las de las facturas de fiestas a Ilidexsa o la rescisión del convenio con los herederos de Miguel Hernández.
En los tres años con el tripartito al frente del Ejecutivo local, al menos cinco han sido las condenas a las que el Consistorio ilicitano ha tenido que responder por orden de un juez por denuncias al Ayuntamiento procedentes de mandatos anteriores.
Con la primera que se dio en la frente el equipo de gobierno fue con un fallo judicial para pagar los complementos de destino a los funcionarios municipales. Por este motivo, tras un acuerdo entre el departamento de Recursos Humanos y los sindicatos, el Ayuntamiento ha empezado a desembolsar atrasos desde el año 2011 hasta el 2016, lo que, según la edil de Hacienda, Ana Arabid, supone un gasto total de 2,9 millones de euros por los atrasos. Todo ello condicionará todos los presupuestos municipales hasta el ejercicio 2020. El pasado año comenzó a pagarse la cantidad pendiente y se abonaron 870.000 euros, además de la anualidad correspondiente. Este ejercicio también han salido del erario público 618.000 euros para hacer frente a la sentencia.
En este caso, el fallo judicial corresponde al año 2008, en el mandato de Alejandro Soler, y, según Arabid, la sentencia estaba en fase de ejecución desde 2011, cuando Mercedes Alonso estaba al frente del Gobierno municipal, pero no se llegó a obedecer.
El siguiente dolor de cabeza para el tripartito llegó con Datelx. El juez condenó en 2016 al Ayuntamiento a pagar 91.000 euros por dejar en la calle a la sociedad agraria especializada en la producción de dátiles de palmeras in vitro. Algo que ocurrió tras cerrar el PP la Estación Phoenix, situada en el Hort del Gat. El magistrado consideró entonces que el equipo de gobierno actuó de manera ilegal en 2012, cuando cambió la cerradura a las instalaciones que ocupaba la cooperativa.
La condena por la rescisión del convenio del legado de Miguel Hernández fue la siguiente bofetada para las arcas municipales. En este caso, del dinero de todos los ilicitanos han salido 140.000 euros, con intereses incluidos. El juzgado condenó al Ayuntamiento a indemnizar a los herederos del poeta oriolano y a pagar las mensualidades que no se abonaron entre marzo y octubre de 2011. El fallo llegó a los cinco años desde que el legado abandonara Elche, tras rescindir el PP el convenio suscrito en 2010, entre los familiares y el entonces alcalde, Alejandro Soler.
El pasado año llegó otro golpetazo por valor de más de medio millón de euros. El impago de facturas a la empresa Ilidexsa por unos trabajos de Fiestas realizados también durante la etapa socialista de Soler y encargados por la entonces concejal del área y ahora asesora municipal, Blanca González, también han acabado saliéndole caro al Ayuntamiento de Elche. El juzgado condenó al Consistorio a responder ante la mercantil, tras entender como ejecutadas unas actuaciones que no fueron pagadas y que después la Corporación municipal del PP se negó a afrontar, alegando que el equipo de Soler se había saltado el procedimiento legal. Algo que también fue reconocido después incluso por actuales concejales del PSOE y que hizo que Compromís y los populares pidieran incluso dimisiones. El argumento que utilizó el PP, cuando era el inquilino de la Plaça de Baix, para negarse al pago de esas facturas pendientes fue que los trabajos se realizaron sin seguir ningún procedimiento administrativo y que fueron encargos verbales.
El último varapalo para las cuentas del Ayuntamiento se anunció hace unas semanas. El Ayuntamiento tendrá que pagar 600.000 euros a la empresa encargada de realizar el Valle Trenzado en la ladera del Vinalopó, tras una reclamación realizada por la UTE Los Serranos-Eiffage. En este caso, los trabajos fueron adjudicados durante Soler como alcalde, pero realizados en la etapa de Mercedes Alonso. Aquí, el problema, según fuentes municipales, fue que el Ayuntamiento no abonó el dinero de unas obras porque no fueron reconocidas por los técnicos municipales.
