Más de un año y medio desde que se interpone la denuncia hasta que se celebra el juicio oral. Estos son los tiempos que se manejan desde los Juzgados de lo Social de Elche para dar una salida a los conflictos laborales que llegan a la Ciudad de la Justicia. Una demora que ha ido in crescendo en los últimos meses y que desata las críticas de usuarios, abogados y hasta de los propios tribunales sociales, ya que se trata de una demora excesiva, superior a la de otros partidos similares, y muy por encima de los de ocho a doce meses recomendables, según manifestaron varios abogados ilicitanos. La jurisdicción social se encarga de todo lo relacionado con demandas individuales contra las empresas, por cualquier motivo: despido, sanciones, reclamaciones de cantidad, romper el contrato por impagos, riesgos laborales, huelgas, problemas sindicales, acoso laboral, etc. Además, también tramitan las demandas a la Seguridad Social, al Servicio de Empleo y al Fondo de Garantía Salarial por denegaciones de prestaciones, sanciones, cobros indebidos y cuando un trabajador autónomo dependiente quiere demandar a su cliente principal.
La falta de personal, unida al hecho de que las demandas por lo Social han ido en aumento en los últimos años, a excepción de 2017, cuando se estancaron,no ha hecho más que ir colapsando los tres juzgados sociales de Elche, hasta el punto de que los organismos ingresan más casos anualmente de los que son capaces de resolver, por lo que la congestión, lejos de despejarse, va cada vez a más.
Fuentes judiciales apuntan a que desde hace un tiempo, y debido a la crisis económica, fueron muchas las demandas interpuestas por despidos, impagos de salarios, o por reclamaciones de contratos en fraude de ley o con un salario aplicando una categoría salarial inferior a la que corresponde por convenio. A todas esas causas arrastradas de los peores años de la crisis, se suma que el descenso del desempleo de los últimos meses está asociado a «contratos basura, con condiciones de explotación en los que se reconocen 10 horas a la semana cuando se hacen 50, o a puestos para los que se hace un contrato de mero auxiliar cuando piden titulación universitaria, másteres, o idiomas, y nunca se reconoce en la categoría profesional del contrato, ni por supuesto en el sueldo», explicó un letrado que esta semana esperaba en los pasillos de la Ciudad de la Justicia a que se celebrara su juicio. Estos «contratos basura» están siendo también objetos de demanda en los últimos meses, ya que «el trabajador está perdiendo el miedo a demandar, sobre todo los más jóvenes, que son los que menos tienen que perder», apunta otra letrada.
Perjudicados
El retraso en los juzgados de lo Social son especialmente preocupantes porque todas las partes pierden. Mientras que en el conflicto civil o penal quien sufre el rechazo es la víctima, en lo Social hasta las propias empresas se quejan de estos retrasos, pues, por ejemplo, en casos en los que se admita readmitir al trabajador, la empresa debe abonar los salarios desde el despido hasta el momento de la resolución judicial, y «no es lo mismo pagar ocho meses, que dos años», señala un letrado. Al igual que para el trabajador que, aunque se le reconozca todo ese tiempo, durante todo el periodo que ha durado el juicio ha estado sin cobrar».
