El Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos del Baix Vinalopó, que ha dado luz verde a la reforma en la planta de basuras de Elche, ha salido en defensa de la legalidad de los trámites para realizar las obras. La entidad, que cuenta con la representación de los ayuntamientos que hacen uso de estas instalaciones, entre ellos el de Elche, y la Diputación de Alicante, ha alegado que la reforma de la planta por la vía de la modificación del contrato es «perfectamente legal y la única opción factible». Tras las críticas de plataformas como Margalló-Ecologistas en Acción, que incluso ha amenazado con llevar el asunto ante la Comisión Europea, desde el Consorcio han asegurado incluso que un informe del Consell Jurídic Consultiu avaló la modificación del contrato por parte de la empresa adjudicataria.
El colectivo de ecologistas ha reprochado en los últimos meses que no se haya sacado a concurso la obra. Ante ello, el Consorcio de Residuos ha apuntado que en un su momento se valoró esta opción, pero después se dijo que era inviable que un adjudicatario externo realizase obras en la planta estando en funcionamiento.
Con todo ello, desde el organismo se han aferrado a que la modificación del contrato persigue como único objetivo «modernizar y adaptar la planta, porque así lo exige el Plan Integral de Residuos de la Generalitat Valenciana». Este mes han comenzado las obras en las instalaciones situadas en la sierra de Els Cremats, con un plazo de ejecución aproximado de diez meses y una inversión de 15 millones de euros. La modernización consistirá en automatizar el proceso de selección de residuos, de manera que se incluirán separadores ópticos para ganar una mayor precisión a la hora de dividir los residuos.
