15 de mayo de 2018
15.05.2018

Antidisturbios cargan contra un centenar de personas en un desahucio en Elche

El desalojo de una familia con tres niñas menores acaba con varios contusionados después de que la Policía Nacional rompiera la barrera de personas de la PAH, que querían frenar el lanzamiento

15.05.2018 | 11:20
Antidisturbios cargan contra un centenar de personas en un desahucio en Elche
Antidisturbios cargan contra un centenar de personas en un desahucio en Elche

Un «fondo buitre» reclamaba 18.000 euros, y los afectados ya habían pagado 41.000.

«Hacía seis años y medio que no vivíamos una situación así, con la Policía cargando contra nosotros, y con un desahucio ejecutado». Así lo aseguró ayer Gloria Marín, la coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elche, que luchó hasta el último segundo para tratar de frenar el desalojo de la familia de Said, con tres hijas menores de edad, y que desde ayer están ya en la calle. Un desahucio a la fuerza que dejó momentos de máxima tensión cuando, tras una breve negociación con los funcionarios del juzgado, la Policía Nacional cargó contra el centenar de personas que se atrincheraron en la puerta de la vivienda para hacer cumplir la resolución judicial. Una veintena de agentes, ataviados con el dispositivo de la unidad de antidisturbios -casco y escudo- comenzaron a cargar contra la cadena humana formada por el colectivo antidesahucios para impedir el paso hacia la vivienda, situada en el número 23 de la calle Rafael Sánchez Ceva, en Carrús.

Durante más de diez minutos, se produjeron arrastres, golpes y empujones que dejaron varios heridos. Especial tensión se vivió cuando los agentes arrastraron y empujaron a un hombre, recién operado de una pierna y con bastones, que cayó al suelo y tuvo que ser trasladado por una ambulancia del Servicio Vital Básico hasta dependencias hospitalarias. Contusiones, rasguños y hematomas completaron las heridas sufridas por los miembros de la PAH, en una actuación que muchos calificaron de «desproporcionada». Fueron decenas los vecinos que apoyaron a Said y su familia, y desde los balcones hasta se lanzó algún que otro huevo como rechazo a la actuación policial.

Esta ocasión era la cuarta que la comitiva judicial acudía a desalojar a esta familia, tras la negativa del «fondo buitre» a negociar la deuda, según denunciaron desde la PAH. Esta vez, sin embargo, no hubo suerte, y Said y su familia se quedaron en la calle.

«¿Cómo voy a explicarles a mis hijas, la mayor de doce años y la pequeña de cuatro, cuando lleguen del colegio, que no tienen un sitio dónde vivir? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos bajo el puente? No hay derecho», apuntó el afectado tras ejecutarse el desahucio. Él mismo explicó que mantiene una deuda de 18.000 euros, que al quedarse sin trabajo no pudo asumir. No obstante, hasta que llegaron los problemas, había pagado ya 41.000 euros, y ahora se queda sin dinero y sin casa, según recalcó con amargura.

La portavoz de la PAH, Gloria Marín, señaló que «hemos llegado hasta aquí porque estos fondos buitre no quieren negociar. Si hubiera sido un banco, esto no habría pasado, aunque solo fuera por evitar la mala publicidad de que se les asocie a este tipo de imágenes tan lamentables. Estas son las armas de la PAH, esa publicidad negativa que tratan de evitar y la capacidad negociadora para evitar que las familias vayan a la calle», añadió.

Por el momento, Said y su familia se quedarán algún tiempo en casa de un familiar, hasta que consigan una alternativa habitacional. Precisamente, la disposición de viviendas por parte de las administraciones públicas a las personas que se encuentran en esta situación centró ayer las críticas de los manifestantes. «No hay derecho a que desde Bienestar Social no se ofrezca ninguna alternativa, y que el Ayuntamiento, que es la Administración que tenemos más cerca, no se haya preocupado ni personado aquí para mediar u ofrecer una solución a la familia», señaló ayer un miembro de la PAH.

Puerta «antiokupas»

La plataforma consiguió al menos que desde el juzgado les abrieran la puerta de la vivienda para que los afectados pudieran retirar sus efectos personales, ya que, como suele ser habitual en estos casos, se cambió la cerradura del inmueble. Es más, tal y como añadieron desde la PAH, lo que se está haciendo es cambiar la puerta entera por otra más resistente, con el fin de evitar que sea reventada y entren okupas. Una medida extra de seguridad de este tipo de fondos y entidades bancarias, ante un fenómeno creciente, lamentablemente, por el número de familias sin vivienda.

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