La provincia de Alicante registra una media de unos cuatro desahucios cada día. Dicho de otro modo, cada año se practican en el conjunto de las localidades alicantinas unos 1.500 desahucios, una cifra que prácticamente se mantiene constante desde el año 2013.
Los últimos registros que han trascendido corresponden a los datos acumulados hasta el tercer trimestre de 2017. En ese punto, la provincia ya había registrado 1.273 lanzamientos en los nueve primeros meses, según la información del Ministerio de Justicia, proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Precisamente, este último dato señalado (1.273) no se aleja mucho en esta ocasión del registrado en la vecina provincia de València, donde se llega a 1.381, también a falta de sumar los datos del último trimestre de 2017. Hay que recordar, no obstante, que la provincia de València tiene una población de más de 2,5 millones, mientras que la de Alicante supera los 1,8 millones de habitantes.
En la provincia alicantina, el último ejercicio del que se tienen datos completos corresponde al de 2016 y entonces se notificaron 1.529 desahucios, prácticamente los mismos (1.530) que en el año 2013. Sin embargo, son menos de los anotados en 2015, cuando se alcanzó la cifra de 1.601. Durante el ejercicio 2014, los números, aunque menores, no dejan de ser dramáticos: 1.416, porque detrás de estas cifras hay muchísimas personas que sufren. Todos estos datos hacen referencia al número de lanzamientos practicados como consecuencia de los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En concreto, se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana, ni si es o no una vivienda.
A efectos estadísticos se incluyen tanto los lanzamientos que se acuerdan en fase de ejecución, como las entregas de posesión o las resoluciones que suponen la entrega voluntaria del bien, sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial.
Para remediar en cierta manera este problema social la Generalitat Valenciana dio pie a la Ley por la Función Social de la Vivienda, vigente desde el 1 de marzo de 2017, mientras que constituía la plataforma digital Infohabitatge «como la puerta de acceso de los ciudadanos hacia este nuevo derecho universal».
En esta plataforma, cualquier afectado tiene posibilidad de inscribirse en el registro de demandantes, y también acceder a toda la información de interés que sirve como guía y asistencia en el proceso para hacer efectivo el derecho a una vivienda.
La Conselleria de Vivienda asegura que ha encontrado 1.295 «soluciones habitacionales» y ha mediado y evitado 58 casos de desahucio en el primer año en vigor de esta última ley. Además, se defiende que esta legislación, «sin precedente hasta la fecha en nuestra Comunidad, representa un verdadero avance histórico en nuestra sociedad», al tiempo que reconoce que su puesta en marcha requiere una labor compleja.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lamenta que el problema, pese a seguir latente en estos momentos, haya perdido visibilidad en los últimos meses.
