El propietario de la discoteca Thaï Club, ubicada en la calle Alfonso XII, que fue clausurada el pasado mes de enero por el Ayuntamiento de Elche, ha reclamado al Consistorio una indemnización de 383.878 euros, después de que un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya aceptado como medida cautelar la suspensión del cierre del establecimiento decretado.

El Ayuntamiento de Elche emitió dos decretos en enero, uno que llevó a que la Policía Local precintara los equipos de música, al comprobar que sobrepasaban los límites de sonido, y otro clausurando la actividad, argumentando deficientes importantes en materia de seguridad.

No obstante, los propietarios recurrieron el cierre en el juzgado, presentando un recurso contencioso-administrativo, que se admitió a trámite y esta semana se ha aceptado, mediante un auto, la medida cautelar solicitada, y que deja sin efecto la orden municipal que llevó al cierre del establecimiento, después de haber actuado tras recibir quejas vecinales.

La magistrada admite la medida por «tratarse de una actividad en la que hay en juego el modus vivendi de las personas que trabajan en el negocio», y al entender que la anulación del acto administrativo no va a afectar «de un modo grave a los intereses generales durante el tiempo que haya de transcurrir hasta el dictado de la resolución definitiva del pleito».

Ante esta situación, el propietarios registró ayer un escrito en el Ayuntamiento informando del auto, y asegurando que van a retomar la actividad en el establecimiento de forma inminente.

A la vez, ha solicitado una nueva indemnización, que se suma a que se pidió en febrero de 2018. Si entonces solicitó al Ayuntamiento de Elche una indemnización por valor de 183.878 euros, ahora se añade una adicional de 200.000 euros, por el tiempo que ha transcurrido sin poder llevar a cabo la actividad en el local ubicado en el centro de la ciudad.

Se da la circunstancia de que el juzgado ha aceptado la medida cautelar, después de que solicitara al Ayuntamiento el expediente administrativo y, a pesar de que existe un acuse de recibo de la notificación, no se entregara. Por no atender la petición del juzgado el Ayuntamiento ilicitano se puede enfrentar a una multa.