La lluvia de millones que tiene que recibir la comunidad general de Riegos de Levante, a cuenta del Consell, por la prohibición de cazar en el parque natural de El Hondo, está cada día más cerca. Representantes de la Generalitat Valenciana y Riegos de Levante han empezado esta semana a trabajar en la forma en la que los regantes recibirán los once millones de euros que fijó una sentencia del Tribunal Supremo para compensar la pérdida de ingresos por prohibir la caza en el coto de 1.640 hectáreas de El Hondo, sin que la comunidad general tenga que volver a los juzgados para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.
La intención de la comunidad general es llegar a un acuerdo con el Consell en pocas semanas, teniendo en cuenta la buena relación que existe entre la entidad y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. De hecho, la primera reunión para abordar el tema, que se celebró ayer, la convocó la propia Administración, casualmente, unas semanas antes de que se celebre la asamblea general de Riegos de Levante, en la que se tiene previsto iniciar los trámites para solicitar, si se considera necesario, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo.
En este sentido, uno de los puntos del orden del día fijado por Riegos de Levante para la asamblea que se debe de celebrar el 23 de mayo es el de iniciar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo referente a los derechos de caza, dando pie a la contratación de un asesor legal para dirigir el proceso.
Una acción que ahora, una vez el Consell ha dado un primer paso, se piensa que se podría evitar, ya que en el primer encuentro entre los regantes y la Administración autonómica se ha encontrado predisposición a resolver el asunto sin tener que volver a los juzgados, donde el tema ya ha pasado muchos años.
Los regantes son conscientes de que el importe que tienen que recibir de la Generalitat Valenciana es importante, por lo que, de primeras, no se cierran a establecer un calendario de pagos acordado por ambas partes. «En Riegos de Levante somos conscientes de que se trata de una cantidad importante», apuntaron desde la dirección de la comunidad general, donde también insistieron en que los fondos no se van a destinar a hacer frente a gasto corriente, ya que se trata de un recurso extraordinario.
Por este motivo, Riegos de Levante no considera un inconveniente establecer un calendario de pagos que dé respuesta al mandato de la sentencia del Tribunal Supremo, ya que, según se indicó ayer, la voluntad expresada por los representantes del Consell es acatar la sentencia judicial, que pone fin a más de una década de litigios.
La intención de Riegos de Levantes es destinar este dinero, que son 9 millones de euros, más otros 2 millones de euros en concepto de intereses, a la financiación de proyectos destinados a paliar situaciones de sequía como la actual. Una de las intenciones de la comunidad general es financiar la creación de plantas desalobradoras, así como otras infraestructuras o proyectos destinados a obtener nuevos recursos hídricos.
