? El conflicto que ha llevado a fijar en 11 millones de euros el dinero que el Consell debe abonar a los regantes por impedir de forma permanente la caza en El Hondo viene de lejos. El primer escollo llegó en 1993, cuando la sequía obligó a suspender la caza. Posteriormente, se volvió a dar esta circunstancia por motivos medioambientales, y la comunidad general acudió a los tribunales para exigir una indemnización. En 2002 se llegó a un acuerdo que fijaba una compensación anual que se dejó de abonar, por parte de la Administración, en 2009. Finalmente, Riegos de Levante aceptó la prohibición definitiva, pero a cambio de una indemnización económica, que es la ahora espera recibir, tras ganar esta batalla legal en los tribunales.
