La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Elche inauguró ayer oficialmente una exposición fotográfica que recoge todos los años de lucha de la decena de colectivos de toda la Comunidad Valenciana para que se cumpla lo que dice la legislación, en cuanto a ayudas, prestaciones y tiempos de respuesta. Una larga batalla que aún hoy no ha terminado, ya que las administraciones incumplen sistemáticamente los plazos que marca la normativa para resolver las ayudas. Unos tiempos máximos que, sobre el papel, han de ser de seis meses, pero que actualmente se sitúan en una media de un año y medio en la Comunidad Valenciana. De hecho, se llegaron a demorar hasta cuatro años durante la anterior legislatura, según puntualizó ayer la presidenta de la plataforma, Rosario Rives. Esta exposición fotográfica sirvió también para seguir reivindicando medios económicos y materiales para resolver los expedientes en trámite.

Y, como de reivindicaciones iba la cosa, hasta la edil de Bienestar Social, Tere Maciá, exigió a la Conselleria de Igualdad más medios para que los ayuntamientos puedan hacer frente a la avalancha de solicitudes, después de que el decreto del Consell dejara en manos de las administraciones locales la tramitación de los expedientes, lo que ha dejado desbordado al personal de la concejalía. Todo y después de que el Consistorio haya tenido que asumir también los casi 780 expedientes que quedaban por tramitar del año 2017.

Este gran volumen de trabajo está detrás del hecho de que, aún a día de hoy, no se puedan resolver los expedientes en un plazo máximo de seis meses. Aun así, Maciá quiso sacar pecho y recalcar que «Elche es la ciudad de toda la Comunidad Valenciana que mejor está resolviendo los casos de la Ley de Dependencia, y nuestro objetivo es que a final de año los tiempos estén en unos nueve meses». No obstante, admitió que «lo ideal es una mejora con respecto a cómo han estado hasta ahora, y seguiremos luchando para ello.

Desde la plataforma apuntaron que la mejora de los tiempos de espera para obtener la solicitud realizada por el Gobierno valenciano está creando un efecto llamada. Antes, se tardaban hasta cuatro años en resolver los expedientes, y llegaba la resolución cuando la persona ya había fallecido. Eso daba pie a que, por desgana, muchas familias rechazaran iniciar el proceso. Por eso, desde la plataforma, reivindicaron que «no haya más recortes desde el Gobierno central del PP», además de que cumpla la ley y el Estado financie el 50% de lo que ingresa las familias, y que el otro 50% recaiga en la Comunidad, para evitar, sobre todo, situaciones como las de antes.