Elche se va a centrar en los jóvenes para tratar de erradicar la economía sumergida, después de que el estudio encargado a la Universidad Miguel Hernández indicase que el 86% de la población considera el problema como algo normal. Concretamente, la mesa de trabajo contra la economía sumergida ha acordado poner en marcha un plan de fomento de la cultura emprendedora que se desarrollará en todos los institutos públicos y privados de la ciudad.
Este plan, según explicó ayer el alcalde de Elche, Carlos González, es formativo y va a estar dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, alumnos de Bachillerato y estudiantes de ciclos formativos. Su objetivo va a ser, dijo Carlos González, «estimular la cultura del emprendimiento, favorecer la cultura del autoempleo», y, al mismo tiempo, «complementar esa idea con la cultura de la responsabilidad social», acentuando el aspecto de la responsabilidad fiscal. La intención es abordar el problema de la economía sumergida desde un punto de vista positivo, incentivando las prácticas correctas entre jóvenes de entre 15 y 18 años.
Por otra parte, la mesa contra la economía sumergida aprobó por unanimidad en la reunión que se celebró el lunes por la tarde la Declaración de Elche contra la Economía Sumergida. Se trata de un documento que refleja las repercusiones negativas que la economía sumergida tiene tanto para los trabajadores como para los empresarios. En este sentido, hace referencia a la pérdida de derechos sociales presentes y futuros de los trabajadores. Se aborda también la pérdida de recursos económicos para las administraciones como consecuencia de este tipo de prácticas. Y por otra parte, se pone de relieve las consecuencias negativas para los empresarios desde el punto de vista de la competencia desleal.
Esta declaración recoge varios acuerdos. Uno de ellos es mostrar un firme y contundente rechazo a la práctica de la economía sumergida por sus nefastas consecuencias laborales, sociales y económicas, con unas claras repercusiones negativas en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
Desde este foro también se acordó, a través del documento, requerir al Gobierno central y a la Generalitat Valenciana que intensifiquen las medidas de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
Por otro lado, se pide potenciar la coordinación entre las distintas administraciones a todos los niveles, a través de un convenio de colaboración donde se contemple una combinación de medidas, con la pretensión de conocer los grandes focos de economía sumergida y compartir información relevante al respecto.
Otro acuerdo recogido en la declaración es el de diseñar una estrategia de comunicación para informar, sensibilizar y concienciar a los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general, sobre las graves y devastadoras consecuencias que la economía sumergida tiene para el mercado de trabajo.
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Un aspecto de este último acuerdo ya se empieza a gestar con la campaña de formación que se va a llevar a centros educativos y de anuncios que se lanzó ayer mismo y que está vinculado al objetivo de la responsabilidad fiscal y de la lucha contra la economía sumergida.
El edil de Empleo, Héctor Díez, apuntó que se trata de un vídeo que irá acompañado de otras acciones publicitarias. La idea es reflejar las consecuencias de la economía sumergida y las repercusiones que tiene ese fraude social y fiscal en la sanidad y en la educación pública. El mensaje que se transmite es que al defraudar se recortan los recursos que se destinan al estado del bienestar.
En la reunión de la mesa de la economía sumergida no pasó desapercibida la creación de la Asociación de Aparadoras y Mujeres del Calzado, que nace, precisamente, para luchar contra las consecuencias negativas de la economía sumergida para los trabajadores. Carlos González manifestó que su intención es mantener un encuentro con el colectivo, una vez que finalice el proceso de constitución.
