Contratos que deberían haberse tramitado y licitado conjuntamente, pero, por el contrario, no se hizo así. La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana ha detectado en el Ayuntamiento de Elche el fraccionamiento de facturas emitidas entre 2015 y 2016, años que coinciden con la última etapa del PP en la Plaça de Baix y la entrada del tripartito al Gobierno local, con el PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche.
Del año 2015 se han identificado diversas facturas con una misma empresa por la emisión en una televisión local de Elche de diversos programas audiovisuales, como la retransmisión de la agenda cultural o política municipal, entre otros muchos. El conjunto de las facturas revisadas asciende a 40.588 euros. Adicionalmente, advierte de que estos contratos menores han sido calificados jurídicamente por el Ayuntamiento de forma errónea como contratos privados de patrocinio, cuando su adecuado encaje legal es la calificación de contratos administrativos de servicios de publicidad, según pone de manifiesto el informe de fiscalización de la Sindicatura. Algo similar ha encontrado el organismo público en el ejercicio 2016, cuando se adjudicaron dos contratos menores por una cuantía conjunta de 21.786 euros. En este caso, la Sindicatura precisa que las facturas se emitieron con una diferencia de 19 días por el mismo empresario y obedecen, la primera de ellas al suministro de un producto para la lucha contra la plaga del picudo rojo, mientras que la segunda responde al servicio de la aplicación de dicho producto en determinadas zonas municipales.
Frente a ello, hay una diferencia de criterios con el departamento de Contratación del Ayuntamiento ilicitano. Sobre el último ejemplo al que hace referencia la Sindicatura, la edil de Hacienda, Ana Arabid, defendió que los dos contratos derivan de un convenio que se firmó con una empresa, que se prestaron en momentos diferentes. Algo que choca con la Sindicatura de Cuentas, que insiste en que esos dos contratos deberían haberse tramitado y licitado conjuntamente, siguiendo los principios de publicidad y transparencia de la contratación administrativa, teniendo la consideración de un contrato administrativo mixto, regulado por la ley, en el que la prestación de mayor importancia sería el suministro de dicho producto.
Es por ello por lo que la Sindicatura da un tirón de orejas al Ayuntamiento e incluye entre sus recomendaciones más importantes la de garantizar que no se produzca el fraccionamiento de contratos, con la finalidad de asegurar una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos. Igualmente, en el caso del fraccionamiento de 2015 del que habla la Sindicatura, Arabid apuntó que, aunque corresponde a la etapa de Alonso, también hay una diferencia de criterio con el organismo público y que «no hubo ningún perjuicio para otras empresas».
Esta situación ya fue puesta sobre la mesa por la Sindicatura con otros contratos menores anteriores en el informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Elche del ejercicio 2011, tal y como recoge el informe recientemente publicado. Asimismo, el fraccionamiento de contratos vuelve a ser citado en el apartado de control interno al Ayuntamiento. El organismo público apunta a que en un elevado número de los reparos de los ejercicios 2015 y 2016, que han sido revisados, se pone de manifiesto que en las relaciones de facturas revisadas se incluyeron algunas por importes superiores a 3.000 euros, sin que se promovieran los preceptivos expedientes de contratación. También advierte de que en otras ocasiones se hace referencia a que, en determinados gastos, se ha fraccionado el importe al objeto de no promover un procedimiento de contratación.
No obstante, la Concejalía de Hacienda, dirigida por Ana Arabid, aseguró en una de las alegaciones presentadas al informe de Sindicatura que durante 2017 y 2018 se han aprobado medidas para paliar los fraccionamientos de contratos.
Incumplimientos
El informe de la Sindicatura de Cuentas referente a 2015 también afea al Ayuntamiento que no tiene cubierto el puesto de trabajo de Intervención con un funcionario de habilitación nacional, sino que lo tiene vacante desde hace más de 25 años. Además, destaca como incumplimiento significativo que en diversos supuestos las prestaciones de servicios las han realizado los contratistas sin cobertura contractual o mediante prórrogas formalizadas sin ninguna cobertura legal. Cita ejemplos como el servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública y el de tratamiento de control de plagas, en los que, según dice, los contratistas siguieron prestando los servicios sin ningún tipo de cobertura contractual hasta la formalización de los nuevos contratos. Precisamente, el organismo público pone el acento en la necesidad de evitar las prórrogas de contratos, como ocurrió con el Servicio de Ayuda a Domicilio. La edil de Hacienda argumentó que ya se han adoptado medidas para subsanarlo.
