Elche vive el fenómeno social ligado a la existencia de la economía sumergida como algo arraigado y normal. Ésta es una de las conclusiones que ha arrojado un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) realizado en la ciudad y encargado por el Ayuntamiento para hacer una radiografía del problema y tratar de combatirlo.

Tras entrevistar a más de 650 personas del casco urbano, de Torrellano y El Altet, el informe advierte de que el 82% de los encuestados ve este problema con normalidad y, al mismo tiempo, prácticamente casi todos los participantes, un 90%, opinan que este tipo de prácticas irregulares son frecuentes o muy frecuentes en su entorno más inmediato. Es tal el impacto que tiene esta problemática en la ciudad, según la percepción recogida en el sondeo, que los ilicitanos consideran necesarias medidas para aliviar los efectos que ocasiona la economía sumergida en la sociedad.

Precisamente, en esta línea ha comenzado a trabajar ya el Ayuntamiento de Elche con agentes sociales del municipio que están integrados en la mesa de la economía sumergida, entre los que destacan patronales, sindicatos y entidades del municipio. Además de una campaña de concienciación, el tripartito también ha empezado a diseñar con los colectivos medidas para realizar una declaración común contra la economía sumergida, que pueda servir de complemento a las inspecciones de trabajo que realiza el Consell y el Gobierno central para atajar esta situación. Una de las que la Universidad Miguel Hernández ha planteado es crear un proyecto didáctico para concienciar a los escolares de la responsabilidad fiscal. Algo que ya está estudiando el Consistorio ilicitano.

Todo ello después de conocer, de la mano del análisis de la UMH, entre otras cosas, la tolerancia a la economía sumergida por parte de los ilicitanos. Algo que crece, según el estudio, conforme aumenta el nivel de estudios de los encuestados.

Por otra parte, al preguntar sobre colectivos beneficiados y perjudicados por estas prácticas, destacan los empresarios como los que mejor parados salen de la actividad económica irregular y los pensionistas como los más damnificados. Y es que, pese a lo arraigado que está este fenómeno en la ciudad, según el estudio, los ilicitanos son conscientes de las desventajas que conllevan los trabajos, cobros, etc., que se ocultan para eludir el control fiscal o pago de impuestos. En concreto, casi la totalidad de los entrevistados comparte que el primer colectivo que tiene que ser castigado con una sanción son los constructores que piden el pago sin impuestos al comprar una vivienda, junto a los empresarios que pagan sin declarar parte del sueldo de sus empleados.

El calzado

El sector zapatero vuelve a estar en el centro de las miradas. También el estudio de la UMH alerta de que los ilicitanos perciben una mayor incidencia de la economía sumergida en el calzado. No obstante, desde la institución universitaria apuntan a que este hecho puede estar justificado por la estrecha relación de la población en general con este sector tan tradicional en la historia industrial de esta ciudad, y por tanto, el buen conocimiento de su situación.

También el alcalde, Carlos González, trató ayer de suavizar el asunto y pidió no estigmatizar al sector del calzado, tras el encuentro celebrado con los agentes sociales, aunque sí reconoció que ciertos sectores manufactureros tienden a ser más proclives.

Después de este sector, destacan por orden otras parcelas en las que también se perciben problemas relacionados con el fraude fiscal, como es el servicio doméstico, las reparaciones en viviendas, las labores sanitarias, el cuidado privado de menores y ancianos, y la hostelería. El impacto detectado es, sin embargo, menor en construcción, el sector primario, el comercio local y, en última posición, las gestorías.

De cualquier manera, a pesar del alcance que tiene la economía sumergida en el municipio ilicitano, también es cierto que los encuestados admiten que el fraude fiscal no solo es un lastre en Elche, sino una cuestión cultural extendida por toda España.