Las elecciones a pedáneos se realizaron de forma legal. Así ha resuelto el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche, dándole la razón al tripartito, después de que la Subdelegación del Gobierno pidiera anular el decreto de designación de los alcaldes de las partidas rurales del año 2015.

Las votaciones de los vecinos del Camp d'Elx para elegir a sus representantes se vieron salpicadas desde el día antes de la consulta por las dudas que sembró el Gobierno central sobre la legalidad del proceso participativo. Según la Administración del Estado, la convocatoria no se ajustaba a derecho y llegó incluso a emitir un comunicado para invalidar el proceso, al entender que se saltaba los preceptos legales. Y todo ello promovido por una denuncia de un militante del PP ilicitano. A partir de ahí, el Partido Popular cuestionó las garantías legales de la convocatoria y consideró «grave» que el Ejecutivo local siguiera adelante con la consulta, pese a haberlo desautorizado el Gobierno. A ello se sumaron, además, las quejas de algunos candidatos a pedáneos, que criticaron falta de transparencia, la improvisación y la falta de información días antes de la convocatoria.

Ahora, después de más de dos años, el juez ha desestimado el recurso interpuesto por la Subdelegación y ha dado la razón al tripartito. Según la sentencia, que todavía no es firme, y, por tanto, cabe recurso, la consulta de participación democrática realizada por el alcalde, para conocer el sentir de los habitantes, no se puede plantear como una «carencia de competencia o extralimitación».

En este sentido, el juez deja claro que es al presidente de la Corporación municipal al que le corresponde «nombrar y remover» a discreción a los alcaldes pedáneos. Asimismo, la resolución judicial contempla que la duración del cargo estará sujeta a la del mandato del alcalde, que los nombra, quien podrá cambiarlos cuando considere oportuno. Con todos estos argumentos, el juez no solo ha dado la razón al tripartito, sino que también ha condenado a la Subdelegación del Gobierno al pago de las costas. Con la sentencia sobre la mesa, desde el Ejecutivo local no solo sacaron pecho ayer de la legalidad del procedimiento que impulsaron por primera vez en las pedanías ilicitanas, sino que también cargaron contra el PP. Especialmente, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, que arremetió contra los populares al entender que estuvieron detrás del recurso interpuesto por el Gobierno central. Es más, les exigió que pidiera disculpas públicas y denunció que la Subdelegación actuó como «brazo armado» del Partido Popular. Desde el PSOE, su portavoz, Patricia Macià, también defendió que «se ha demostrado que en todo momento cumplimos con la ley».

De esta manera, en caso de que no haya recurso contra el fallo del juez, quedaría zanjada definitivamente una de las primeras polémicas con las que el tripartito tuvo que lidiar casi nada más llegar al Ayuntamiento. Y es que, pese a impulsar por primera vez un proceso democrático para nombrar a los representantes de las pedanías ilicitanas, la iniciativa de noviembre de 2015 se vio algo empañada por la desautorización del Gobierno central. A ello se sumó que, llegado el día de las votaciones, tan solo participó un 16,5% del electorado, al movilizarse 5.483 de los 34.000 vecinos con derecho a voto.