Una parcela a nombre de la familia de la edil socialista Francisca Sabater, que, de la noche a la mañana, ve cómo desaparece todo rastro de su titularidad sobre el terreno, sin que se le haya notificado ninguna situación de expropiación forzosa, ni haya habido compraventa de por medio. Simplemente ha desaparecido todo rastro de su titularidad, tras la reparcelación del sector, según la familia. Un terreno en parte edificable y en el que su mayor atractivo pasa por ser la última parcela que queda por construir en primera línea de playa en Arenales del Sol, por lo que su valor en el mercado superaría los varios millones de euros. Esto es lo que denuncia la familia ante los juzgados de Elche. Pretende llevar ante el juez de nuevo al Ayuntamiento, a tres técnicos municipales, a cinco mercantiles y al promotor ilicitano Ramón Salvador Águeda, a cuyo nombre está la parte edificable de la parcela, y que se ha visto salpicado por el caso Brugal o el caso Umbra en Murcia. La familia les acusa en su querella de cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios, falsedad documental, apropiación indebida, fraude o prevaricación.
Se trata de un terreno de 57.654 metros cuadrados, según la denuncia, y que, tras la reparcelación del terreno por el desarrollo del sector AR-1, se dividió en tres parcelas, una a nombre de una mercantil dirigida por Salvador y las otras dos de uso dotacional, a nombre del Ayuntamiento de Elche, tal y como sostienen en la denuncia presentada en la Ciudad de la Justicia. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha decretado la prescripción de los delitos en un auto, pero la familia no se da por vencida y elevará el caso a la Audiencia Provincial, ya que, según apunta la defensa, al tratarse de un delito continuado, el margen de prescripción es mucho mayor. El recurso ya está presentado, y ahora la parte afectada espera a que el tribunal se pronuncia con la esperanza de seguir adelante con un proceso judicial enquistado durante años.
La familia se dio cuenta de la pérdida de su titularidad cuando dejaron de recibir el cobro del IBI por parte del Ayuntamiento, hace aproximadamente diez años. Hasta entonces, habían estado pagándolo religiosamente, alegan. Y, de la noche a la mañana, vieron que no había impuesto que abonar porque no pesaba ningún bien inmueble a su nombre. Además, ante el temor de que el proceso judicial pueda suponer un acelerón en el desarrollo urbanístico del suelo, la familia ha pedido también la paralización cautelar de la inscripción de cualquier carga, ya sea compraventa, hipoteca o embargo, sobre las tres fincas del sector AR-1 que los denunciantes sostienen que son de su propiedad.
Se trata de un terreno propiedad de ocho herederos, que ha pasado de generación en generación desde que el tatarabuelo de los últimos herederos lo adquiriera. La ubicación original de la finca era otra, pero, como ocurre a veces en los desarrollos urbanísticos, los terrenos fueron reparcelados para ceder al Ayuntamiento el espacio necesario para crear calles y aceras, y para organizar las manzanas. Una vez ocurre esto, se desdibujan las propiedades y se reparten entre todos los propietarios del sector urbanístico a desarrollar el terreno que queda libre, también en parte proporcional a la superficie que poseían inicialmente. Eso sí, se descuenta, también proporcionalmente, el terreno cedido al Consistorio. Una cesión obligatoria y gratuita por la que no se recibe indemnización.
Los demandantes afirman que no existe ningún escrito de venta, cesión o expropiación que justifique el cambio de titularidad de estos terrenos. La familia de la exedil lleva años luchando en los juzgados por la titularidad de la parcela, aunque en anteriores ocasiones se ha acabado archivando el caso. El hecho de judicializar de nuevo el asunto pasa por el hecho de que, tras años de investigaciones, cruces de catastros, y adquisición de documentación, el despacho de abogados de València que se ha hecho cargo del caso, Themis Abogados, ha conseguido la localización exacta del terreno que, según la familia, es de su propiedad, lo que despejaría cualquier duda sobre la titularidad.
De hecho, desde el despacho aseguran que la demanda por prevaricación se basa en que ese cambio de titularidad solo puede haber sido intencionado. Una expropiación forzosa justificada por el hecho, por ejemplo, de no haber conseguido contactar con los legítimos dueños no tendría justificación alguna, añaden, ya que, si hasta hace algunos años pudieron localizar y cobrar el IBI a los dueños, también podían hacerlo, por parte del Ayuntamiento, para comunicar dicha expropiación. Una circunstancia que no ha ocurrido. Así, la expropiación forzosa queda descartada, y, según el bufete de abogados, solo habría otra explicación posible para justificar ese cambio de titularidad: la manipulación del registro catastral.
Los herederos sostienen que se trata de una finca que ha pasado de generación en generación desde que su tatarabuelo la adquiriera en el siglo XIX para el cultivo.
Un año de investigación
Los abogados han trabajado junto a la familia durante más de un año para reunir toda la documentación con la que demostrar que la parcela es de los denunciantes, y que ese cambio de titularidad no responde a un error, sea del tipo que sea. De hecho, la defensa apunta a que ha sido una larga tarea de investigación, por la dificultad de ubicar la parcela, debido a los cambios y reparcelaciones.
Por tanto, ha habido que casar el plan de ordenación del territorio actual con los antiguos para localizar el terreno afectado. El resultado ha sido un «informe pericial demoledor», señalan fuentes de la defensa, que para la familia demuestra que, judicialmente, no hay lugar a dudas en cuento a la verdadera propiedad del terreno.
