No están dispuestos a pasarle ni una al Consell tras frustrar sus planes, al menos por el momento, de derribar el antiguo edificio de Nuevos Riegos El Progreso, pese a haber obtenido la licencia municipal de derribo. Los propietarios del inmueble centenario de la plaza de la Constitución, que hace tres semanas se vieron obligados a detener la demolición y apuntalar urgentemente el bloque, pedirán indemnizaciones a la Generalitat. Consideran a la Administración autonómica como la «responsable» directa del bloqueo de una intervención que ya había recibido todos los permisos del Ayuntamiento, y de los daños y perjuicios que les ha generado la orden del Gobierno valenciano.
Esta postura de los dueños de la antigua sala de venta de agua ya fue trasladada a la Conselleria de Cultura en las alegaciones que presentaron nada más conocer el decreto de paralización de los trabajos de derribo para determinar ahora si el inmueble tiene que ser o no conservado. Después de tres semanas desde que el Consell dictara la orden con la demolición a medio hacer y obligara a los propietarios a asumir con su dinero el apuntalamiento para proteger de derrumbamientos, los dueños legales de El Progreso estudian no solo pedir responsabilidades civiles, sino también penales, según trasladaron ayer a este diario fuentes de la propiedad.
Alegan que existe un principio de seguridad jurídica que se ha vulnerado al paralizar la autorización que sí habían obtenido por parte del equipo de gobierno, que se iba a traducir en levantar un nuevo bloque para viviendas u oficinas.
Por el contrario, descartan, por el momento, actuar contra el Ayuntamiento ilicitano, al que le eximen de responsabilidades y consideran que está colaborando en todo el proceso. Eso sí, lo que tienen claro es que van a recurrir el pago de los 35.000 euros que el tripartito quiere repercutir a la propiedad por los gastos de cambiar el apuntalamiento para restablecer el tráfico, después de que ya les pidieran incluso hacerse cargo del importe de los trabajos. Los titulares del antiguo bloque aseguran que las vigas que tuvieron que colocar en mitad de la calzada para proteger el inmueble contaron con el beneplácito del Consistorio ilicitano. De ahí que ahora no estén dispuestos a correr con más gastos. Por ahora, están a expensas de lo que el Consell dictamine en los próximos dos meses para concretar las indemnizaciones que reclamarán a la Administración autonómica. Y es que los dueños se aferran a que ahora mismo no existe ninguna medida para preservar el inmueble en el que se realizaban las tradicionales subastas de agua en el siglo pasado. Esto es a lo que se ha aferrado por activa y por pasiva el tripartito para conceder la licencia de demolición a sus propietarios, después de que la petición pasara por la Comisión de Urbanismo y el equipo de gobierno no encontrara ningún impedimento legal para ceder a esta solicitud.
Sin embargo, la decisión municipal no convenció en algunos círculos, como entre la plataforma defensora del patrimonio ilicitano, que presionó para detener la demolición. Y así lo consiguió. Ahora han pedido en sus alegaciones al Consell la protección de la antigua sala de venta de agua, al considerar que se trata de una obra importante para el patrimonio artístico e histórico de la ciudad y por su valor arquitectónico.
Por su parte, la Conselleria de Cultura está ya redactando un informe en el que se dictamine qué acciones tomar en cuanto a la conservación del ya polémico inmueble del centro.
