Objetivo: restablecer el tráfico

El Ayuntamiento, una vez que la propiedad de la antigua sala de venta de agua se haya negado a actuar, ha decidido tomar partido en conflicto generado y cambiar el apuntalamiento para que puedan comenzar a circular los coches por este punto neurálgico. El objetivo es que, a lo largo de esta semana, puedan finalizar los trabajos para modificar las vigas, colocadas por los dueños por orden de la Administración autonómica. A partir de ahí, el equipo de gobierno ha asegurado que las calles afectadas volverán a la normalidad.

Ayer, la empresa que se encargará de realizar los trabajos, por un coste estimado de alrededor de 35.000 euros, desplazaba las grúas hasta el entorno del inmueble para poder comenzar con la obra, en cuanto se hiciera efectivo el nuevo decreto municipal. De esta manera, una vez comiencen las labores previas, los enormes hierros que invaden la calzada, y que impiden la circulación en la zona desde el 12 de enero, cambiarán de posición para cubrir toda la fachada. Esa intervención incluirá también la instalación de una red para evitar desprendimientos. Una vez acabados los trabajos, el tripartito ha asegurado que repercutirá a los propietarios el gasto que se han negado a asumir. Así lo volvió a trasladar ayer a los dueños del inmueble en un nuevo decreto, con el que se les advirtió que la falta de cumplimiento del pago de esta cantidad habilitará al Ayuntamiento al procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la liquidación provisional.

Mientras tanto, la Generalitat tiene dos meses de plazo para pronunciarse y decidir si el edificio se tiene que conservar o, de lo contrario, los propietarios pueden seguir haciendo uso de la licencia municipal que les concedió el triparto para tirarlo abajo. De momento, los dueños ya presentaron alegaciones al Consell para defender la legalidad del proceso iniciado para derribar la antigua sala de venta de agua y construir un nuevo bloque destinado a viviendas u oficinas. Todo ello, bajo el paraguas del tripartito que concedió todos los permisos amparándose en que no existe ninguna normativa vigente que pida proteger el inmueble.

Contra eso, hace tan solo unos días cargaron doce colectivos en defensa de patrimonio ilicitano, que reclamaron al Ayuntamiento y a la Generalitat restituir el edificio de El Progreso hasta la situación inicial. Sin embargo, el tripartito respondió pasando la pelota al tejado del Consell, al alegar que es el que tiene las competencias en decidir la conservación del inmueble. La demanda de las asociaciones también desató el malestar del edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, quien les retó a decir si están de acuerdo a que se pague a la propiedad actual los derechos que tiene, según el Plan General.

Durante estas semanas, no solo los colectivos han hecho llegar su malestar al tripartito, sino también los comerciantes de la calle Almórida que cifran en un 40% la caída de las ventas y han pedido celeridad para resolver el bloqueo de la zona. Asimismo, la oposición también ha cargado contra el Ayuntamiento y el Consell por la responsabilidad de la situación actual.

Por su parte, el equipo de gobierno ha reiterado por activa y por pasiva que se trata de una circunstancia «sobrevenida» y ha defendido que ha trabajado a «toda velocidad» para restablecer el tráfico, después de que el inmueble se viera apuntalado por orden de la Generalitat el pasado 12 de enero en mitad de su demolición. Estos días volverá de nuevo la actividad en un edificio que concentra todas las miradas.