Una docena de colectivos ciudadanos, entre los que se encuentran Salvem el Mercat o el Institut d´Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, exigió ayer a las administraciones públicas, tanto al Ayuntamiento de Elche como a la Generalitat, que son los que tienen competencias en la conservación del Patrimonio Histórico, la restitución del edificio de Nuevos Riegos del Progreso hasta la situación inicial, antes de que se concediera la licencia de derribo. El valor histórico y patrimonial del edificio pasa por, según los colectivos, la actividad que albergaba el edificio, que aloja la sala de venta de aguas con la que, desde 1914, Nuevos Riegos "El Progreso" abastecía al Camp d'Elx. Además, también dispone de valor arquitectónico su fachada, aseguran, pues conserva la imagen clásica monumental en la Plaza de la Constitución, que le da un valor arquitectónico por lo inusual de estas construcciones, ya que se han destruido la mayor parte de edificios con ese valor que tenía la ciudad.
Lo cierto es que los propietarios del edificio ya habían comenzado a derribar el interior, por lo que poco queda entre las cuatro paredes del inmueble de la sala de venta de agua que abastecía al Camp d´Elx. La fachada La Generalitat paralizó este derribo el pasado 11 de enero, in extremis. Pero al día siguiente, el 12 de enero, y en mitad de la noche, hubo que apuntalar de urgencia la fachada que da a la Plaza de la Constitución por el riesgo de desplome. Se trata de la fachada que no está protegida, pues solo goza de protección la que da al Carrer Empedrat. Las quejas de vecinos y comercios por el apuntalamiento se suceden desde entonces, ya que han supuesto el cierre al tráfico de la vía que conecta Puente Ortices con Almórida, una de las de mayor tráfico del centro de la ciudad.
En cuanto al papel de las instituciones en la restitución del edificio, el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, aseguró que, pese a "respetar la solicitud de cualquier colectivo de la ciudad, hay que recordar que la fachada no está protegida desde el año 97, cuando se redactó el nuevo PGOU. En ese momento la sociedad Riesgos del Progreso vende el edificio por 40 millones de pesetas, y poca gente se manifestó entonces. Hubo unos propietarios nuevos que lo adquirieron de forma legítima e invirtieron en un edificio que no estaba protegido". Por tanto, ahora, el edil ha retado a que "todo el mundo diga si está de acuerdo en que se pague a la propiedad actual los derechos que tiene y recuerdo que el Plan General les otorga. La construcción de una planta baja más cuatro alturas. Lo digo porque todo eso hay que valorarlo económicamente y asumir si eso se ha de pagar o no", ha aludido en relación a la compensación económica que habría que pagar a los propietarios si se revoca la licencia de derribo.
El edil de Urbanismo recordó que las licencias comenzaron a solicitarse en 2007 y en 2011 la de derribo. Además, ha añadido que "el Ayuntamiento no puede ir en contra de sus decisiones, hay un principio de seguridad jurídica", por lo que ha pasado la patata caliente a la Conselleria, "que es quien ha paralizado el derribo". "Si la Conselleria considera que debe destinar dinero y pagar para recuperar el edificio, yo encantado", ha concluido.
Otro de los frentes abiertos en cuanto al edificio de El Progreso pasa por la sustitución del apuntalamiento de urgencia que ordenó el Ayuntamiento, y que da a los propietarios hasta las 14.40 horas de hoy para iniciarlo, con el fin de restablecer el tráfico. De caso contrario, el edil ha reiterado que será el Ayuntamiento quien inicie los procesos para llevarlo a cabo, a partir del lunes. Unos trabajos que "se cargarán de forma subsidiaria a los propietarios y que en ningún caso va a pagar el Ayuntamiento", y que están valorados en unos 35.000 euros.
Catálogo
Otra de las reivindicaciones de la docena de colectivos que han firmado la restitución del edificio pasa por redactar, con carácter urgente, un nuevo Catálogo de Edificios Protegidos que incluya, además de este inmueble, otras construcciones de interés histórico y artístico del término municipal. Además, piden que este catálogo sea elaborado con una visión menos restrictiva que el actual, "con tal de asegurar la protección de nuestro patrimonio. La asociación Àgora d'Elx, Volem Palmeral, Margalló, Amigos de Ilici-La Alcudia, la Asociación de Arquitectos Ruskeen Coffe, el Colectivo Ciudadano de Defensa del Patrimonio, ADR, la Comisión Patrimonio Cultural y AESEC son los otros colectivos firmantes.
