23 de enero de 2018
23.01.2018

«Necesitamos el apoyo de jueces y fiscales»

Diversitat aplaude la petición de cárcel de la Fiscalía y reclaman más respaldo para aplicar el agravante de odio

23.01.2018 | 02:06

La petición de la Fiscalía de Elche de un año de prisión y dos de inhabilitación para ejercer la hostelería al dueño de un bar que echó a una pareja por ser lesbianas ha sido aplaudida por las asociaciones que defienden los derechos del colectivo LGTBI en Alicante. Desde Diversitat, mostraron ayer su satisfacción por la calificación del Ministerio Público, ya que «a veces es difícil encontrar el apoyo de jueces y fiscales a la hora de juzgar este tipo de delitos, pues se trata como una agresión o una discriminación más, sin tener en cuenta lo que hay detrás, la verdadera razón por la que se cometen, que es el odio, y muchas veces no se tiene en cuenta como agravante», señala Toño Abad, presidente de Diversitat.

Lo cierto es que la calificación del Ministerio Fiscal, que pide además una multa de 2.700 euros y una indemnización de 200 euros para la mujer que sufrió un ataque de ansiedad a consecuencia de la discriminación homófoba en el bar, es ejemplarizante, y supone un aviso a navegantes en cuanto a tolerancia cero frente a este tipo de actitudes.

Fuentes judiciales coinciden con los colectivos LGTBI en que son muchas las actitudes de este tipo que de dan en el día a día y no llegan a denunciarse, por lo que visibilizar esta problemática y animar a las víctimas a dar el paso se convierte en una prioridad. Y es que, a fin de cuentas, el objetivo es concienciar y dar a conocer que estos comportamientos no pueden quedar impunes.

En cuanto a denuncias, no se trata solo de agresiones directas, sino que, como se ha demostrado en los últimos meses, las imputaciones por delitos de odio pueden darse incluso en redes sociales. El falso anonimato de la red sirve a muchos de escudo para insultar, amenazar o intimidar a sus víctimas. De las 79 denuncias que recibió Diversitat por agresiones verbales y físicas, 14 han derivado en denuncias graves. El colectivo dispone de abogados para gestionar los casos cuando las víctimas no tengan uno propio, para que las agresiones no queden impunes.

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