Los propietarios del edificio de Nuevos Riegos El Progreso han dado un paso al frente. Después de la orden del Consell de paralizar el derribo de la antigua sala de venta de aguas de forma cautelar, los actuales dueños del inmueble no se han quedado de brazos cruzados y han iniciado ya el procedimiento para alegar contra la decisión de la Generalitat.
La propiedad está dispuesta a hacer valer sus derechos tras haber obtenido todos los permisos por parte del Ayuntamiento para demoler el inmueble de la plaza de la Constitución. Una edificación singular a medio tirar abajo y apuntalada de urgencia hasta que el Gobierno valenciano decida qué hacer ahora: si protegerla o hacerla desaparecer.
Los letrados de la propiedad comenzaron ayer mismo a movilizarse y a contactar con el Ayuntamiento y la Conselleria para conocer el expediente de suspensión cautelar y defender, así, la continuidad de la demolición. Y es que, con la resolución autonómica, se abre ahora un periodo de diez días para presentar las alegaciones y de dos meses, como máximo, para que la Generalitat se posicione. En este proceso, también está previsto que colectivos y plataformas como los defensores del patrimonio ilicitano, que presionaron en València para detener el derribo, presenten también documentación y justificaciones con relación a la medida cautelar adoptada.
De «indefensión jurídica» han calificado lo sucedido los propietarios de este centenario inmueble del centro de la ciudad que vieron cómo sus planes se torcían cuando la semana pasada ya habían procedido a desmontar la cubierta y a derribar parcialmente el inmueble. Algo que tenían previsto hacer antes de Navidad, pero decidieron posponerlo en consenso con el Ayuntamiento para evitar ocasionar mayores molestias a los vecinos.
Asimismo, antes de que sus pretensiones saltaran por los aires con la decisión de la Conselleria de Cultura de hace unos días, el tripartito llegó a poner sobre la mesa de los propietarios la alternativa de incluir la conservación de la fachada en el proyecto de nueva construcción que presentaron los dueños. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, aunque si bien precisó que no existe ninguna obligación legal de salvaguardar la fachada, ya que el catálogo de edificios protegidos y el Plan General actual no recogen la preservación de esta edificación. Por ello, al final era una cuestión de voluntad y también de coste económico, aseguró el edil del área.
Indignación
Con el bloqueo no solo del inmueble, sino también del centro de la ciudad, el Ayuntamiento volvió a meter prisa ayer al Consell para buscar una solución de urgencia. El edil de Urbanismo volvió a expresar su malestar ante las formas de actuar de la Generalitat. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y desde el comercio de la zona y la oposición mostraron ayer su indignación ante lo sucedido. Lamentaron, por ejemplo, que los camiones de carga y descarga no pueden acceder a la calle Almórida para llevar el género a los establecimientos. La Asociación del Sector Servicios de Elche y Comarca (Aesec) también se ha pronunciado. La patronal ha solicitado que se conserve el inmueble y ha pedido al Consistorio que recule en su decisión de conceder la licencia de demolición, emprendiendo todas las vías que posibiliten el mantenimiento del edificio. La entidad ha ido más allá y ha reivindicado la negociación con la propiedad de la finca, para impedir la desaparición de este edificio por su valor histórico y cultural.
Desde el Partido Popular cargaron directamente contra el tripartito. Es más, achacaron el caos de la plaza de la Constitución a la «guerra abierta entre PSOE y Compromís». También relacionaron el conflicto con otras cuestiones como es el hotel de Arenales del Sol o el Mercado Central. Con todo ello, exigieron una solución inmediata. Ciudadanos criticó tanto al Ayuntamiento y al Consell por no haber protegido un inmueble como el de Riegos El Progreso, que, a juicio de la formación naranja, ha abierto otra crisis institucional y que podría acabar en los tribunales con indemnizaciones a favor de los propietarios.
Desde que el viernes por la noche se apuntalara el inmueble y se cortara el tráfico, el Ayuntamiento ha establecido un dispositivo especial con la Policía Local para tratar de minimizar el impacto en la circulación y también ha redistribuido los itinerarios del autobús.
