El Ayuntamiento no quiere esperar dos meses a tener cortado el tráfico en pleno centro de Elche. Los seis días que lleva la plaza de la Constitución cerrada por el apuntalamiento de urgencia del edificio El Progreso ya han desatado la indignación de vecinos y comerciantes y han acabado con una guerra de acusaciones con el Partido Popular. Con este panorama que ha comenzado a salpicar al equipo de gobierno, en última instancia, por la decisión del Consell de paralizar el derribo cautelarmente, Urbanismo ha puesto sobre la mesa de la Administración autonómica una solución provisional para tratar de permitir la circulación en este punto clave de la ciudad. En la mañana de ayer, los técnicos del Ayuntamiento se reunieron con representantes de la Conselleria para abordar el cambio de apuntalamiento del inmueble. La idea que maneja el tripartito es trasladar las vigas al interior del bloque, con el fin de que puedan pasar los coches. Sin embargo, tal y como ayer indicó el edil del área, esto supondría tener que autorizar a la propiedad a desmontar al completo la cubierta. Algo que ya había comenzado a realizar la pasada semana, al igual que a derribar el interior del inmueble y a retirar elementos de sujeción. Y es que, la demolición ya se encuentra en estado de no retorno, según apuntaron desde la propiedad, por lo avanzados que se encontraban los trabajos cuando la Conselleria de Cultura decidió intervenir, detenerlo todo y estudiar ahora si protege o no el inmueble.

Mientras se decide el Gobierno valenciano, y para ello tiene dos meses de máximo, el Consistorio ilicitano busca una salida con la que evitar así tener bloqueado el centro el tiempo que tarden en dictaminar qué hacer con una antigua sala de venta de agua, que en el estado en el que está, ya no se sostiene por sí sola.

Más tensión

A medida que pasan los días, la disputa política por El Progreso va subiendo de tono. El tripartito y el PP volvieron ayer a enzarzarse por la responsabilidad de lo sucedido con el inmueble centenario. El concejal de Urbanismo volvió a defenderse de las acusaciones del presidente de los populares, Pablo Ruz, que ha apuntado al actual equipo de gobierno como responsable directo de la situación por haber concedido la licencia de demolición.

Sánchez quiso apagar el fuego abierto contra el tripartito y se remontó al año 2014, cuando durante el mandato de Mercedes Alonso, el entonces edil de Urbanismo, Vicente Granero, concedió la licencia de segregación a la propiedad de El Progreso. Con este trámite se autorizaba a los dueños a que pudieran retranquear la fachada y ceder la parte de viario al Ayuntamiento ilicitano. Sin embargo, el edil del área no hizo alusiones al Gobierno de 1998 -formado por PSOE y EU- que descatalogó el edificio. Algo en lo que ayer sí que cayó ayer en la cuenta Ciudadanos, que cargó contra Mireia Mollà y que también recriminó al alcalde, Carlos González, que en aquel año era concejal.

También Pablo Ruz utilizó ayer este argumento para criticar al regidor ilicitano. El presidente del PP volvió a apuntar al Gobierno municipal, al que acusó de haber dado el permiso de derribo sin pedir informes a la Conselleria. Por su parte, el portavoz, Vicente Granero, aseguró que en 2007 ya hubo una petición de licencia por parte de la propiedad.