La ciudad de Elche está poco a poco dando pasos para mejorar la accesibilidad universal, un principio básico, según recoge la definición oficial, que deben cumplir los «entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas con la mayor autonomía posible». Aún así, y después de recibir al nuevo año, siguen patentes ciertas barreras arquitectónicas en la vía urbana y también en el acceso a los comercios, una situación que dificulta que algunas personas con movilidad reducida puedan salir a la calle y atender los recados del día a día.
Según un muestreo elaborado por este diario a 322 establecimientos privados ilicitanos, el 65% de los inmuebles disponen de una entrada con rampa o el acceso desde la vía urbana está a ras del suelo. El 14% de ellos cuentan con un bordillo de entre cinco y siete centímetros de altura y el 17% de los locales tienen entre uno y tres escalones sin plataforma salvaescaleras, por lo que, prácticamente, dos de cada diez comercios o servicios son inaccesibles para personas con movilidad reducida.
Por barrios, los negocios de la zona centro entre avenida de la Constitución, Corredora o Puente Ortices son los más accesibles y superan a la media, ya que el 82% tienen rampa y un 48% cuentan con puertas automáticas que facilitan la entrada. Tomás Mora, presidente del Club Deportivo de Minusválidos Elche señala que tendrían que revisarse «las normas para pedir la licencia de apertura, porque aunque son legales no son justas y falla la forma de instalar las puertas de acceso. No sirve de mucho que tengan rampa si luego falta el principio de autonomía porque no podemos acceder sin ayuda».
Según el estudio la segunda zona más accesible es El Raval, con un 69% de los negocios sin bordillos ni escalones, aunque es el área donde menos se ha implantado el sistema de puertas automáticas, que sólo llega al 11% de los establecimientos. A nivel general suelen ser aquellos de nueva apertura como cadenas de supermercados, ópticas, zapaterías o tiendas de telefonía, además de farmacias.
Sin embargo, la vía urbana en este céntrico barrio es la que menos se ha alterado con calles estrechas y en desnivel. «Por respetar la estructura de casco histórico las aceras incumplen la normativa porque tienen que medir como mínimo un metro treinta, y como mucho algunas tienen 90 centímetros de ancho», señala Daniel Agulló, vecino de El Raval y miembro de la asociación de personas con Discapacidad Física «Sin Límites». En este sentido, este ilicitano lamenta que «continuamente vas con miedo por si te caes, por lo que en la mayoría de casos no te queda otra que invadir la calzada con el riesgo de que te atropellen».
Analizando otras grandes zonas comerciales de la ciudad como la Avenida de Novelda en Carrús, la avenida de Alicante y la calle Gregorio Marañón en Altabix y la calle Pedro Juan Perpiñán en El Pla, se mantiene la media en torno al 60% de establecimientos que cuentan con rampa. Carrús es el barrio con más bordillos entre la acera y el acceso al local, una situación que se da en el 23% de los casos, unido al factor de que la mitad de esos comercios están instalados sobre aceras a doble altura. El área de Altabix, sin embargo, es donde más abundan los escalones, en un 20% de los establecimientos.
Maria Rosa Moyá se desplaza a diario en silla a motor por el entorno de Ciudad Jardín,su zona de residencia. Considera que en estas dos últimas décadas se han mejorado aspectos de la vía urbana, «pero el pavimento táctil es escaso para personas con problemas de visión y todavía quedan rampas sin diseñar a cota cero», apunta la ilicitana. Además, insiste en que a pesar de que hay comercios que tienen la entrada y el baño adaptado, «los aseos que podamos usar siguen siendo poquísimos porque a pesar de que respetan los metros legales suelen ser espacios rectangulares con poco margen para hacer el giro necesario de metro y medio» explica esta vecina.
Plan de accesibilidad
Las asociaciones de comerciantes refuerzan la idea de hacer campañas de concienciación para incrementar la accesibilidad, y asumen que a pesar de que los establecimientos de nueva apertura ya incorporan las medidas para facilitar la entrada y la movilidad en el interior, quedan comercios antiguos que están fuera de la normativa por tener las licencias antiguas. «Está bien que se exijan unos criterios para los de nueva apertura, pero veo abusivo que los antiguos comercios tengan obligatoriamente que cerrar durante un tiempo y correr con todos los gastos de rehabilitación, en ese caso debería crearse un fondo de ayuda por parte de las entidades públicas» señala Antonio Bernabéu, representante de los comerciantes de Avenida de Novelda.
Para centralizar esfuerzos, desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento presentaron en Junta de Gobierno el 22 de diciembre un plan de accesibilidad que verá la luz en 2018. Será, según la edil del área, Teresa Maciá, «un plan integral que plantea la perspectiva urbanística, turística y comercial canalizado a través de la Concejalía de Discapacidad». En enero se abrirá una oficina donde los técnicos derivarán las peticiones de los usuarios y resolverán dudas como, por ejemplo, cómo adaptar un establecimiento para que sea accesible.
Al hilo de esta iniciativa también se han activado mecanismos para evaluar las necesidades de adaptación de la veintena de centros sociales del municipio y también de aquellos edificios públicos que a fecha de hoy son inaccesibles, con puertas estrechas y ausencia de ascensor como la Concejalía de Bienestar Social.
Todos estos establecimientos incumplen la vigente Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad, ya que la normativa establecía que el pasado 4 de diciembre era el plazo máximo para que las instituciones públicas y privadas adaptaran los edificios «con condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación». Una norma a cumplir en aquellos inmuebles públicos que ya existieran en 2010 y para los «privados susceptibles de ajustes» que estuvieran funcionando de 2015 en adelante.
