El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha vuelto esta mañana a pedir responsabilidades al tripartito sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento al pago de 441.000 euros por trabajos encargados sin ningún procedimiento administrativo entre 2007-2009 cuando entonces era concejal de Fiestas y ahora asesora municipal, Blanca González.

Granero ha señalado "que la solicitud que hacíamos de recurrir era teniendo en cuenta que estamos ante una sentencia de primera instancia lo que significa que caben recursos a la misma. Además consideramos básico que se discuta si dichos trabajos se ejecutaron de forma parcial o total o si los precios son reales o se han valorado al alza. Hay que recordar que no hay ningún técnico que los avalara".

Desde el grupo popular han cargado contra el tripartito por considerar que "ha dejado pasar el plazo para recurrir la sentencia". El portavoz adjunto del PP ha criticado que "la sentencia guardada en los cajones desde hace más de un mes y por tanto no se puede recurrir por dejar transcurrir los 10 días habilitados para ello. Nosotros nos enteramos de este matiz tan importante a raíz de la convocatoria de la Comisión de Hacienda que ya recoge una modificación presupuestaria para el pago de este sentencia. Una modificación de más de 500.000 euros. Esta modificación que está en un punto de la comisión que se celebra mañana ha hecho que el equipo de gobierno saque a la luz esta sentencia después de estar más de un mes ocultándola".

Ahora, en la comisión de Hacienda, está previsto realizar una modificación prespuestaria para pagar 440.000 euros, además de 100.000 euros de intereses.

Con todo ello, los populares han pedido ahora, después de que el Ejecutivo local haya rechazado recurrir el fallo del juez, que tomen medidas y que en la próxima Junta de Gobierno se le reclame a Blanca González las cantidades que debe abonar el Ayuntamiento. En caso contrario, desde el PP ya han dejado caer que se verán "obligados a poner en manos de los servicios jurídicos del Partido Popular este asunto para que tomen las medidas judiciales pertinentes contra los miembros de la Junta de Gobierno Local".

Ayer mismo, el alcalde, Carlos González, fue contundente y calificó la opción de recurrir como "un disparate jurídico y político". El presidente de la Corporación municipal quiso mostrarse contundente y reconoció que "los trabajos fueron realizados y la sentencia dice que se ha producido un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento porque no se han pagado los trabajos y es imprescindible que se paguen". Todo ello dejando claro que esta obligación de pago se produce "con independencia de que se incumpliera con el procedimiento de quienes fueran los responsables en el año 2010 o 2008".

Por su parte, el argumento que utilizó el PP, cuando era el inquilino de la Plaça de Baix, para negarse al pago de esas facturas pendientes en el año 2012 fue que los trabajos se realizaron sin seguir ningún procedimiento administrativo y que fueron encargos verbales.