El tripartito ha descartado recurrir la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Elche al pago de más de 440.000 euros a la firma Ilidexsa, además de los intereses, tras la condena del juez por el impago de unos trabajos realizados durante el mandato de Alejandro Soler y encargados por la entonces concejal de Fiestas y ahora asesora municipal, Blanca González. Pese a asumir directamente este pago, el regidor ilicitano, Carlos González, sí que reconoció ayer que en aquel momento «se incumplió el procedimiento por parte de quienes fueran los responsables».

La condena, hecha pública en la pasada junta de gobierno local, pero con fecha del pasado 23 de octubre, reconoce como efectuados unos trabajos realizados durante la celebración de las fiestas de la ciudad. En concreto, el fallo alude al acta de la sesión extraordinaria de un pleno celebrado en 2012, en el que el Partido Popular, entonces al frente del Ayuntamiento, reprobó a Blanca González y exigió a la exedil que hiciera frente al pago de unos trabajos realizados entre 2007 y 2009, relacionados con el montaje y desmontaje de vallado, que ascendían a 440.000 euros. Por ello, ayer el PP pidió la dimisión de la exconcejal, la posibilidad de que la junta de gobierno local recurra la sentencia judicial o incluso la destitución de la ahora asesora municipal. Asimismo, han reclamado a la portavoz de PSOE, Patricia Macià, que rectifique tras apuntar que las fechas de realización de los trabajos fueron entre 2007 y 2011.

De «disparate político y jurídico» describió ayer el alcalde, la opción de recurrir el fallo judicial que exigió el portavoz adjunto del PP, Vicente Granero.

El presidente de la Corporación municipal quiso mostrarse contundente y reconoció que «los trabajos fueron realizados y la sentencia dice que se ha producido un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento porque no se han pagado los trabajos y es imprescindible que se paguen». Todo ello dejando claro que esta obligación de pago se produce «con independencia de que se incumpliera con el procedimiento de quienes fueran los responsables en el año 2010 o 2008».

Precisamente, el argumento que utilizó el PP, cuando era el inquilino de la Plaça de Baix, para negarse al pago de esas facturas pendientes fue que los trabajos se realizaron sin seguir ningún procedimiento administrativo y que fueron encargos verbales.

Para el tripartito no hay vuelta de hoja. De hecho, el Ejecutivo local tiene previsto esta misma semana aprobar en la comisión de Hacienda una modificación presupuestaria para pagar la sentencia a la mercantil Ilidexsa, que asciende al final hasta 540.000 euros, según fuentes municipales. Por el momento, no se ha pronunciado si emprenderá alguna acción contra la exconcejal de Fiestas, tal y como reclamaron desde el PP. La sentencia a la que ha tenido acceso este diario expone que incluso no existe «perjuicio para exigir la responsabilidad de la persona responsable de Fiestas, por cuyo encargo se cometieron los servicios efectuados por la entidad recurrente».