La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social, Miguel Zaragoza (PP), y los concejales ilicitanos Luis Ángel Mateo y Justino Delgado (PP) y el exedil socialista Emilio Doménech (PSOE) por un presunto delito de prevaricación ambiental. Se les acusa de haber permitido la instalación de dos chiringuitos en las playas de Elche y Santa Pola que superaban el nivel de ruido que estipula la ley, y de no haber hecho nada para su cierre pese a las continuas quejas vecinales y denuncias. Por ello, el fiscal pide un año de cárcel para los cuatro políticos y para tres técnicos. Una pena que la acusación particular, que integra a los 127 vecinos afectados, eleva hasta los tres años.
Los delitos que se les imputan se extienden desde el año 2008 hasta 2014. Durante todo ese periodo, año tras año, los ayuntamientos renovaron las licencias a las seis empresas que regían estos chiringuitos, haciendo caso omiso no solo a las denuncias vecinales, sino a los informes del Síndic de Greuges, el informe del Consejo Jurídico y a los requerimientos de la Conselleria para cesar la actividad. El Consell llegó a imponer sanciones a las empresas y recomendó a los ayuntamientos de Elche y Santa Pola que no renovaran las licencias, todo ello según recoge el fiscal.
Los antecedentes con relación a estos hechos juegan en contra de los acusados, ya que existen dos sentencias, una del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante y otra del de Elche que han condenado al Ayuntamiento de Elche y al de Santa Pola a indemnizar con 200.000 euros a los afectados por las molestias causadas. Poco más de 1.000 euros para cada vecino que sufrieron durante siete años los ruidos de conciertos, eventos y discotecas móviles en los chiringuitos. Todo y pese a que la autorización de Costas era para prestar los servicios de temporada, que pasan por kioscos para la venta de comidas, bebidas y helados a los bañistas. La Ley de Costas prohíbe la actividad desarrollada. Según recoge el fiscal, sobre todo los fines de semana, los chiringuitos funcionaban como discotecas hasta altas horas de la noche.
La Fiscalía sostiene que el control de la actividad de los chiringuitos por parte de las administraciones locales cayó en la desidia, ya que «las sentencias anteriores llegan a hablar de connivencia» de los ayuntamientos con las empresas causantes del ruido, recoge el escrito del fiscal.
Es más, el Ministerio Público asegura que los ayuntamientos «apoyaron esa actividad ilegal aportando informes periciales de ruido, incluso afirmando ante los requerimientos de la Conselleria que la actividad ejercida estaba dentro de la autorización y licencia concedida». Un apoyo que llegó hasta tal punto que «incluso realizaron inspecciones a estas empresas en horas en las que la actividad era mínima, para justificar ante la Conselleria y ante las denuncias de los vecinos que la actividad se adaptaba a la licencia».
El fiscal solicita, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos a todos los acusados por un periodo de siete años. Algo que, de aceptarlo el juez, acabaría con la carrera política de Miguel Zaragoza, Luis Ángel Mateo y Justino Delgado, los tres ediles que aún hoy continúan en activo como concejales en Santa Pola y Elche.
La acusación particular solicita elevar esa inhabilitación hasta los diez años, según apuntó ayer el abogado de los vecinos, Roberto Batllés. Además, se pide el pago de una multa de 2.160 euros a cada uno de los acusados. Ahora, la defensa de las partes presentará su escrito, y la fecha del juicio aún tardará meses en señalarse.
