La Fiscalía ha descartado, por el momento, imputar al autor del atropello mortal de Santa Pola del pasado 3 de septiembre, y que dejó a otras dos personas heridas, un delito de omisión de socorro, tras examinar los atestados policiales y tomar declaraciones a los testigos esta semana. Así, el joven de 22 años permanecerá en prisión a la espera de juicio, por un delito de homicidio por imprudencia grave, pues el atropello dejó a un joven de 17 años fallecido en el siniestro, y el conductor dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas.

Pese a que en un primer momento algunos testigos apuntaron a que el conductor trató de darse a la fuga, la ampliación del atestado del suceso solicitado por la Fiscalía de Seguridad Vial y la declaración de siete testigos esta semana en la Ciudad de la Justicia de Elche ha hecho que se descarte este extremo. De hecho, el informe policial recoge que, a la llegada de los agentes, el autor del atropello se encontraba en el lugar de los hechos, y no trató de huir.

Con la declaración de los testigos, la calificación del fiscal está prácticamente concluida, a la espera de que las aseguradores redacten su informe de daños, solicitando las indemnizaciones pertinentes tanto por el menor fallecido, como por los otros dos heridos, de 17 y 15 años. No obstante, estos dos jóvenes no tienen secuelas graves y ambos ya han recibido el alta médica y se recuperan sin mayores problemas.

También habrá reclamaciones por los dos vehículos que quedaron afectados por el accidente, pues tras el primer atropello el acusado perdió el control del vehículo, ocasionando daños en dos coches estacionados y llevándose por delante a otros dos menores.

Otra de las pruebas que está por llegar al Juzgado de Instrucción número 5, que ha asumido el caso, es el informe toxicológico que certifique que el infractor estaba bajo los efectos de la cocaína. Esto sin contar que la tasa de alcohol ascendió a 0,88, cuando el máximo permitido es de 0,25. Por último, el juzgado también está pendiente de recibir el informe que determine, a raíz de las huellas de frenado, derrape e impacto, la velocidad a la que circulaba el vehículo en el momento del atropello. Lo que está claro, por el atestado, las consecuencias -llegó a llevarse por delante uno de los baños portátiles instalados a pie de playa- y la declaración de los testigos, es que la velocidad era muy superior a la permitida. Por todo ello, el detenido, que se encuentra en prisión provisional sin fianza, se enfrenta a una pena que va desde los dos años y medio hasta los cuatro años. Y todo apunta a que el fiscal pedirá la más alta.

Oferta

De hecho, desde la Fiscalía ya han solicitado a las aseguradoras la oferta motivada, y les ha dado tres meses para presentarlas. Mayor celeridad ha pedido a los abogados que defienden a las partes afectadas para presentar toda la documentación con el fin de valorar el alcance de las lesiones y poder ajustar la calificación a la realidad de los daños producidos, para formular la acusación en un tiempo no superior a esos tres meses. El caso pasará a uno de los juzgados penales de la Ciudad de la Justicia de Elche. Al tratarse de una causa con preso, ya que se decretó prisión provisional sin fianza, por lo que no saldrá, el juicio se celebrará con relativa rapidez.

El mensaje que quiere lanzar así la Fiscalía está claro: conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y las consecuencias derivadas de eso, no pueden quedar impunes.

Pese a que en un principio hubo una veintena de testigos en el atestado policial, tras la declaración esta semana de unas siete personas, todo apunta a que el juzgado no requerirá de más declaraciones para no alargar el proceso. Todos los testimonios han sido muy precisos y guardan bastante similitud entre ellos, por lo que no es necesario aclarar más detalles, según fuentes de la investigación.