¿Cómo surge este congreso y además el hacerlo en Elche?
Hace unos años nació la Fundación Derecho y Discapacidad, a la que fui invitado para ser patrono, dado mi trabajo en ese área del derecho de la discapacidad. Es una fundación que quiere promover la reflexión y la investigación con una finalidad práctica en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, dentro de las actividades que la fundación desarrolla, el patronato tenía la idea de que se convocase un congreso científico de carácter nacional sobre derecho de la discapacidadcongreso científico y en su momento manifesté mi disposición a albergarlo en Elche y a coordinarlo. Creo que además, como manifestaba también hace unos días el presidente de la fundación, el hecho de que Elche haya sido una ciudad que se ha caracterizado también durante años por la importancia que le ha dado a las políticas relacionadas con la discapacidad, como cuando en 2012 recibimos un premio nacional otorgado por el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) por nuestra acción en materia de discapacidad, yo creo que también ha favorecido a que hubiera una buena acogida a nuestra propuesta.
¿Qué carácter tiene esta fundación?
Es de ámbito nacional, de la que formamos parte tanto juristas dedicados a la actividad práctica como profesores universitarios, notarios y abogados, entre otros.
¿Qué se va a tratar?
Se ha hecho un esfuerzo por reunir en el programa a las personas, a los juristas que han destacado, gente que trabaja en el departamento jurídico de colectivos relacionados y que son referentes en materia de discapacidad y de derecho de discapacidad. En ese sentido el congreso tiene una perspectiva muy amplia: inserción laboral y los mecanismos que la legislación establece para ello; los apoyos fiscales para las personas con discapacidad; también se va a hablar sobre educación y cómo garantizar una educación más inclusiva; la capacidad jurídica de estas personas y la necesaria revisión de los procedimientos de incapacitación... Y para tratar estas cuestiones creo que hemos congregado a los mejores. De hecho, contaremos con un magistrado del Tribunal Supremo de Michigan, Richard Bernstein, un estadounidense que se ha dedicado especialmente a la defensa de las personas con discapacidad y que actualmente es el primer magistrado ciego de Estados Unidos
¿Cuáles son los objetivos que se persiguen?
Queremos contribuir a que el derecho de la discapacidad se consolide como una materia jurídica propia, con una autonomía y una sustantividad propias en nuestro país, y además queremos hacer una revisión de la legislación española en materia de discapacidad. Buscamos proponer mejoras normativas porque hay muchos aspectos en los que la legislación española es defectuosa, deficiente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Necesita mejoras y por eso se ha querido convocar un congreso nacional dedicado al derecho de la discapacidad.
¿Hace mucho tiempo que no se revisa la legislación española sobre discapcidad?
Se han hecho cosas. Se ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 años. Hay que destacar que en el año 2003 se aprobó una ley muy importante, que hoy no está vigente porque se ha sustituido por una actualización posterior, cuyo título indica ya a qué se refería y cuál era la innovación: ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. En España ha habido mejoras. Hay que tener en cuenta también que en 2006 se aprobó por Naciones Unidas una convención internacional sobre los derechos de estas personas. España la ratificó en 2007, pero el problema es que quedan todavía campos muy importantes en los que hay que hacer modificaciones normativas, y hay textos legales que perpetúan situaciones de discriminación de las personas con discapacidad y que no son acordes con esa convención internacional que luego no se ha llevado a la práctica en algunos puntos. Por citar algunos diremos el tema del derecho al voto. Hay cien mil personas en España privadas del derecho de sufragio por razón de discapacidad y ésta es una cuestión que continuamente se exige su reforma. Los partidos políticos indican su voluntad de reformar, pero al final no existe un proyecto de ley en el Congreso para reformar la Ley Electoral. Otro tema es el de la educación. En España se da la situación de que la decisión de si una persona con discapacidad se escolariza en un centro especial o no no es una decisión de los padres, sino de la Administración educativa, y hay numerosos casos de progenitores que quieren que se escolaricen a sus hijos en un centro ordinario, pero es segregado en, por ejemplo, un centro de educación especial.
¿Y en lo concerniente a la capacidad jurídica?
La convención internacional de la que antes hacía referencia señala un avance en este sentido. Hasta ahora la persona con discapacidad se le incapacita de tal modo que sus decisiones son adoptadas por el tutor. La convención quiere acabar con esto y propugna un modelo que se llama de apoyo en la toma de decisiones en lugar de la sustitución. Es un tema complejo que exige una reforma en profundidad del Código Civil. Se está trabajando por la Comisión de Justicia, pero diez años después de haber ratificado la convención no se ha hecho. Otro tema interesante es que aunque la legislación española ha introducido muchas disposiciones para favorecer la integración laboral, por ejemplo la famosa cuota del 2% en empresas de más de 50 trabajadores, sin embargo eso no ha sido eficaz, y tenemos que analizar por qué. Un estudio reciente indicaba que solo el 50% de las empresas lo cumplen. Empresas con más de 50 trabajadores también es verdad que hay muy pocas, por lo que la tasa de empleo de las personas con discapacidad está muy distante, aproximadamente 30 puntos por debajo de las personas sin discapacidad, por lo que algo habrá que hacer.
