La concejala del grupo de no adscritos, Cristina Martínez, cree que antes o después esta polémica urbanística acabará ante los tribunales. En previsión de ello, ayer solicitó por registro que se le informe por escrito de la legalidad o no de que un expediente haya sido votado por mayoría en contra (como ocurrió en el pleno de julio) y que en el de octubre se vuelva a presentar el mismo punto, sin estar incluido en el orden del día, aprovechando la ausencia de un concejal (ella).
De igual modo también ha solicitado que se le comunique por escrito si el secretario del Ayuntamiento de Elche «asesoró al señor Mateo Miralles ante la posibilidad o imposibilidad de ejercer su derecho a voto en un expediente en el que se afectaba a familiares directos». La edil también quiere saber si el expediente urbanístico en cuestión permitiría en un futuro un aumento en el número final de viviendas construidas.
