Una media de entre cuatro y cinco recién nacidos en la provincia de Alicante pasan cada semana a la guarda o tutela de la Generalitat Valenciana. El motivo: durante la gestación, los análisis que se le practican al no nato revelan que da positivo en sustancias estupefacientes, es decir, al menos la madre es consumidora de una o varias drogas que pueden afectar al desarrollo.
El dato, más que sorprendente, fue aportado ayer por Enrique Martínez Piera, jefe de sección de Protección e Inserción de Menores, de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva, durante su intervención en el curso de verano «Actuación policial y social en el ámbito del menor», que durante dos días se ha seguido en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
«Hemos declarado desamparo del gestante incluso desde antes de nacer y desde el primer día de su vida», explicaba ayer el técnico de la Conselleria, al tiempo que asegura que el número de positivos de drogas en bebés están creciendo a un ritmo nada deseable.
A diferencia de lo que ocurre en numerosos países europeos, donde solo el juez puede decidir la retirada a los padres de la tutela de un menor, en España las administraciones autonómicas también pueden hacerlo, algo que, a juicio de Martínez Piera, es una buena medida dado el colapso de los tribunales españoles y la, muchas veces, necesidad de actuar urgentemente en el ámbito familiar.
Cuando la Generalitat tiene que retirar la guarda a los padres, el bebé pasa a lo que se denomina una familia de urgencia-diagnóstico, con la que permanece durante unos seis meses. A partir de aquí, si los progenitores no han modificado sus hábitos, lo común es que el lactante pase a los tíos o a una familia de acogida.
El técnico subrayó que la Conselleria no solo está para el ámbito de la prevención y la protección de los menores, sino también para llevar a cabo intervenciones socioeducativas con el fin de reformar sus conductas delictivas o negativas socialmente.
En este sentido, Francisco Bernabeu, de la Policía Local de Elche, profesor e investigador del Centro Crímina de la UMH, entidad impulsora de este curso de verano de manera conjunta con Policía Nacional, remarca cómo de manera reciente está incrementándose la violencia filio-parental.
«Antes estaba medio oculto, y ahora ha crecido mucho. Se ha demostrado que es un problema emergente», indica Bernabeu, a lo que posteriormente Martínez Piera precisaba que en la provincia hay 46 menores condenados por un juez por atacar verbalmente o agredir físicamente a los progenitores. «Está creciendo como la espuma», aseguraba el técnico de Conselleria.
Durante la sesión de ayer también intervinieron, entre otros, Alba Arqueros, de la Unidad Central de Atención a la Familia y a la Mujer de la Comisaría General de Policía Judicial, quien habló acerca de menores desaparecidos; Santiago Calderón, jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quien se centró en pornografía infantil y pedofilia; y también se aprovechó para explicar el programa integral de prevención de la cibervictimización contra menores de Alicante, impulsado y presentado hace unos meses por la Diputación Provincial.
