La pelota no está en el tejado del Ayuntamiento de Elche, sino en el de la Diputación y, por eso, es el máximo responsable de la corporación provincial el que debe tomar cartas en el asunto, tras el embargo a la Institución Ferial Alicantina (IFA), por 375.000 euros adeudados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2012. Eso es lo que considera el alcalde, Carlos González, quien ahora ha decidido meter presión al presidente de la Diputación, César Sánchez, que, a la sazón, es el máximo responsable del consejo rector de Suma, el organismo que se encarga de la recaudación de impuestos. De hecho, tras los acontecimientos de la última semana, González trató de forzar a Sánchez para que se posicione en la crisis de IFA, y así se lo planteó en una conversación telefónica ayer por la tarde, según confirmó el regidor ilicitano.

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Elche y la Diputación han sido complicadas desde el principio, desde que uno y otro mandatario tomaron posesión hace ahora algo más de dos años. Los encuentros entre una y otra parte, sobre todo si se descartan los actos públicos en los que han coincidido, prácticamente se pueden contar con los dedos de una mano. Y los reproches, aunque con el tono cordial que les caracteriza a uno y a otro, han sido el denominador común en este tiempo, con cruce de cartas incluido. No en vano, Carlos González siempre le ha afeado al presidente de la corporación provincial el «agravio inversor» respecto a municipios como Alicante. No sólo eso. En más de una ocasión ha puesto el foco en que las buenas -o malas- relaciones con la Diputación dependerán del apoyo que dé a Elche. Ahora, incluye IFA en ese lote.

No en vano, Carlos González dio un paso más en la estrategia de los últimos días de desmarcarse del embargo ejecutado por Suma. «La Generalitat ha tomado una decisión valiente y se ha implicado al iniciar los trámites para asumir la deuda de IFA, y el Ayuntamiento está luchando para intentar persuadir a Suma y que estime el recurso de oposición contra el embargo, y está negociando una bonificación transitoria y temporal con el IBI de los próximos ejercicios. Sin embargo, el presidente de la Diputación está de perfil en este tema», proclamó el alcalde ilicitano. Si en sus primeras declaraciones tras el embargo apuntaba directamente a Suma, ahora Carlos González mira hacia César Sánchez en una cuestión que se ha ido politizando, y mucho, en los últimos días. «La pelota está en su tejado y es necesaria la implicación del presidente de la Diputación, porque, además, es el presidente del consejo rector de Suma», señaló.

Para Carlos González esa implicación pasa hoy por hoy por dos opciones: «O bien que fuerce que el expediente se retrotraiga al momento previo al embargo y se retome el calendario de pagos con las garantías hipotecarias, o bien que Suma, a instancias del presidente de su consejo rector, estime el recurso de reposición de IFA», detalló. Para el mandatario ilicitano, sólo así se puede garantizar a corto plazo la liquidez de la institución ferial.

Finalmente, González puso el acento en que «de lo que se trata es de ayudar a una institución que cumple un papel esencial para el tejido productivo de Elche y de la provincia y, por tanto, está justificado que se implique directamente el presidente de la Diputación y que fuerce a Suma a tomar una decisión que resuelva la crisis de IFA por una interpretación dogmática de la ley».

De este modo, el alcalde sigue insistiendo en la necesidad de echar atrás el embargo de IFA, por más que el vicepresidente y diputado de Hacienda, Alejandro Morant, cerrara la puerta a esta posibilidad la semana pasada escudándose en que la ley lo impide. Para Morant, la única vía en esta coyuntura, y tras varios meses de negociaciones, era fijar un plan de pago para el resto de la deuda del IBI, que es de unos 430.000 euros De hecho, el vicepresidente de la Diputación incidió en ese momento en que Suma cumple las órdenes y encomiendas delegadas por el Ayuntamiento, y que los técnicos se han ajustado a la legalidad, lo que hace inviable aceptar la garantía hipotecaria. Es más, responsabilizó al tripartito ilicitano del problema, al no haber pedido la avocación del expediente. Ante ello, González respondía que no se hizo porque, hasta la fecha, nunca se había llegado a estos extremos.