Ilegales. Así considera el Gobierno central que son las obras de rehabilitación que la empresa Princesol ha llevado a cabo en el hotel de Arenales, y que fueron paralizadas hace ahora catorce meses. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha resuelto el expediente abierto tras admitir varias denuncias, que advertían de irregularidades en los trabajos, considerando que la actuación llevada a cabo infringe la Ley de Costas. Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aseguraron ayer que las obras de rehabilitación del hotel se transformaron en obras de nueva construcción, y que constituyen un incremento de volumen respecto a lo edificado antes de 1988. Por ello, ha resuelto que el proyecto que se estaba ejecutando excede de lo autorizado en 2015.

La resolución cogió ayer por sorpresa a la dirección del proyecto, que se encontró con un motivo, el del volumen de la edificación, con el que no contaban. El responsable del equipo técnico, Florentino Regalado, defendió que «la obra es absolutamente legal, y se puede medir. Pensábamos que lo que se estaba cuestionando era el método de rehabilitación». Es más, Regalado no descartó presentar recurso y acudir a los tribunales para defender la actuación llevada a cabo. «Durante 17 años de litigios la razón la ha tenido la propiedad, y tenemos la conciencia tranquila», sostuvo Regalado.

Desde el Ayuntamiento de Elche la reacción llegó a través del primer edil, Carlos González, que lo primero que hizo fue exigir el derribo total e inmediato del edificio. El alcalde lamentó que la resolución haya llegado con el verano empezado y que no se haya acelerado para «evitar que pasemos otro verano con ese adefesio en primera línea de playa».

Carlos González no dudó a la hora responsabilizar a la empresa de la situación, por lo que dijo que han sido «decisiones erróneas». El alcalde sostuvo que «se ha tratado de atribuir el problema al Ayuntamiento y al Ministerio, cuando la causa es que no se han seguido las pautas que marcaban las sentencias y la autorización».

Además de declarar ilegales las obras, y denegar, por tanto, la legalización, el Ministerio ordenó ayer a la empresa concesionaria demoler las obras ejecutadas sin autorización, que cuantificó en dos terceras partes del edificio.

Por otro lado, Costas ha resuelto el expediente sancionador por el que impone una multa de casi 80.000 euros a la empresa concesionaria. Un importe que, según indicaron desde la Administración estatal, es proporcional al presupuesto de las obras ejecutadas sin autorización.