A Fernando, que tiene un hijo a su cargo, el Ayuntamiento le aprobó una ayuda de un año que han dejado de pagarle a los tres meses. Y aunque trabaja, no puede hacer frente a los gastos sin la ayuda municipal. «Me había recuperado con la ayuda pero me hunden otra vez. Soy un trabajador pobre, tengo un contrato de seis horas, trabajo ocho y me pagan como cuatro, pero sigo luchando», señala.
La PAH de Elche pone el ojo en los casos extremos que no pueden mantener una situación de alquiler por tratarse de familias sin recursos y que no reciben ayudas o prestaciones de las administraciones públicas. «Tras dos años del Gobierno del cambio no tenemos soluciones para familias sin ingresos suficientes para pagar alquileres a precio de mercado», comenta Gloria Marín, representante de la PAH en Elche.
Fátima no tiene casa. Lleva 16 años viviendo en España, se acaba de divorciar, tiene tres hijos y llevaba dos meses viviendo de acogida en casa de una amiga, Semira, que ya no podía acogerla por más tiempo. Cáritas la albergó durante unas semanas pero ya no le permiten estar más tiempo. No tiene ningún tipo de ingresos. Los servicios sociales municipales no le ofrecen la ayuda de emergencia. Rosa, con 79 años, tiene problemas de corazón, no tiene ingresos y paga una habitación que tiene que dejar de forma inminente porque su dueño tiene que dejar libre el piso. El Ayuntamiento planteó a Rosa buscarle una vivienda para compartir ella y otras dos mujeres mayores que están en una situación parecida y muy mal de ánimo. Llevan meses esperando a que llegue la solución.
Según Marín, la ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada en febrero de este año por el Consell, tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, así como para dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda, ampliar el parque público, y evitar los desahucios de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
No obstante, hasta el momento, explica la activista de la PAH, la normativa no se está aplicando y aún necesitará al menos seis meses para que los ciudadanos la vean ponerse en marcha y empezar a poder beneficiarse de ella.
Para la PAH, el Consistorio podría poner más de su mano para ayudar a estas personas en situaciones complicadas. «El Ayuntamiento cuenta con 20.000 euros anuales para estos casos y desde la Concejalía dicen que disponen de 2 millones de euros para cubrir gastos ante emergencias que no se aplican. Sabemos que muchas actuaciones dependen de la Generalitat, pero en los casos urgentes es cuando el Ayuntamiento debe prever un margen para actuar y no está siendo efectivo».
En la casa donde vive Félix conviven siete personas, una de ellas, su hija, con una discapacidad grave. Le ha prestado la vivienda un amigo. Ingresan 600 euros de la ayuda de la dependencia y de una pensión no contributiva con la que deben hacer frente a todos los gastos. Según el afectado, los servicios sociales entienden que puede asumir todos los costos y que no le corresponde ninguna ayuda.
El 58% de los desahucios ya se producen por impagos de alquileres y los datos de Elche la sitúan entre las ciudades con ingresos medios más bajos. Incluso trabajando, hay quien no puede salir de la pobreza.
Dolores, con tres hijos, una recién nacida, y cobrando la ayuda de Renta Activa de Inserción (RAI) de 426 euros al mes, debe varios meses de alquiler y depende de la buena voluntad de quienes le alquilan el piso para que no le echen, pero entiende «que no pueden aguantar más porque son gente normal y necesitan el dinero, me tengo que ir para dejar de perjudicarles».
