A principios de este mes, otra operación estallaba en Santa Pola con la detención de la exedil de Urbanismo del PP Lola Gadea y dos arquitectas por el derrumbe del colegio Hispanidad. Cuatro años después del hundimiento del suelo de una clase de Primaria, que dejó a nueve escolares heridos, se abría una investigación contra la entonces concejal del área; contra la arquitecta municipal, y contra una segunda arquitecta, esta externa, encargada de la inspección técnica del centro escolar en el año 2010.
Las tres, de hecho, prestaron declaración en calidad de detenidas a finales de mayo en la Comisaría de Alicante, aunque quedaron en libertad con cargos. La investigación se lleva desde el juzgado de Instrucción número 3 de Elche, y las detenciones estuvieron dirigidas por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Tanto a la edil del PP, que entonces era la responsable municipal de Urbanismo y hoy está en la oposición, como a la técnica municipal se les investiga por un delito contra los trabajadores y otro delito de lesiones por imprudencia grave. Mientras, a la segunda arquitecta, contratada externamente, se le investiga por un delito de falsedad documental.
En cualquier caso, lo que trata de esclarecer la investigación en este casi es por qué se hizo caso omiso a dos informes previos, que alertaban de las deficiencias del centro, y que llegaban, además, después de que desde el colegio se hubieran trasladado quejas al respecto. En uno de los informes firmados por la arquitecta externa, tras una inspección técnica del edificio, la profesional avisó de la necesidad de tomar medidas, pero el centro se derrumbó en el año 2013.
