Los controles sanitarios que los inspectores de Salud Pública realizan día a día en establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, bares, ganaderías e industrias alimentarias van a ir a menos si la Conselleria de Sanidad y Salud Pública no da su brazo a torcer y pone en marcha alguna fórmula para compensar a los trabajadores de los departamentos de Salud Pública el coste que supone echar mano de sus vehículos privados para desarrollar su trabajo, como se venía haciendo durante los últimos años.
La eliminación directa, y con efecto retroactivo, del complemento que los trabajadores de los departamentos de Salud Pública recibían por utilizar sus vehículos ha provocado que los trabajadores de las áreas de Alicante, Elche, Orihuela, Elda y Benidorm hayan decidido en bloque aparcar sus vehículos y trabajar exclusivamente con los medios que la Administración autonómica pone a sus disposición. La Intervención General de la Generalitat es la que solicitó que se dejase de pagar el complemento de desplazamiento por no estar reconocido en la normativa autonómica.
Los departamentos de Salud Pública tienen a su disposición muy pocos vehículos, que tienen que compartir todos los trabajadores que salen a la calle. En Alicante, Orihuela y Benidorm tiene tres coches para cada departamento, pero en Elche, por ejemplo, sólo disponen de un vehículo, que tiene que ser compartido por los cuarenta trabajadores de las diferentes secciones del departamento.
Para paliar este déficit, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública ha decidido poner a disposición de los inspectores bonos con viajes de autobús, pero las líneas no llegan a todas partes. También se ha comprometido a ampliar en un futuro la flota de vehículos, pero hasta que llegue el trabajo que realiza el colectivo puede sufrir una merma que acabe afectando a las empresas que necesitan su colaboración para desarrollar su actividad.
«En Elche y Orihuela hay muchas pedanías, y las empresas a las que tenemos que acudir a realizar inspecciones están apartadas del casco urbano», decía un trabajador de Salud Pública a este diario. De hecho, aseguraba que «esto va a conllevar una reducción de las visitas. A empresas que se suelen visitar tres veces al año se irá una, y si conseguimos el coche».
En localidades como Benidorm ya se ha advertido de que este paso atrás en los servicios que debe prestar Sanidad puede repercutir en las inspecciones alimentarias, y en un momento en el que está a punto de empezar la temporada alta turística.
En Alicante, apuntaban otro trabajador del sector, «las empresas que necesiten certificados para exportar productos alimentarios también pueden sufrir las consecuencias, si el inspector no dispone de medios suficientes para atender su demanda cuando lo requiera». Además, recordaban, «pueden surgir alertas que requieren de un desplazamiento inmediato».
Francisco Martínez, representante de CC OO para negociar con la Conselleria de Sanidad, apuntó que «este no es el único problema que tienen los trabajadores de los departamentos de Salud Pública de la Comunidad Valenciana».
El sindicalista explicó que «tenemos que poner este tema de inmediato en la mesa de negociación, así como la necesidad de pagar la nocturnidad a los inspectores de los mataderos, que trabajan todo el año en horario nocturno y son los únicos de Sanidad sin complemento». Martínez también apuntó al alto nivel de interinidad en la plantilla de Salud Pública, ya que no se convocan plazas para este servicio desde el año 2000.
