Cuando se habla de Transparencia, muchas son las intenciones pero poco los resultados palpables para el ciudadano. Esta es la conclusión del debate organizado por la Asociación Ágora d'Elx en el Salón de Actos de Radio Elche Cadena Ser esta mañana para abordar el acceso a la información en la administración local y que ha contado con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, el propio presidente de Ágora, Pablo Fernández, Manuel Marco, presidente de la Plataforma Ciudadana de Alicante y Fernando Urruticoechea, interventor de la Administración Local.
Y no hay que ir muy lejos paradarse cuenta. El propio Ayuntamiento de Elche es un buen ejemplo, según han expuesto los participantes, con la dificultad con la que se han encontrado varios colectivos ciudadanos a la hora de acceder a documentación relativa al nuevo proyecto del Mercado Central. El gobierno local adoptó una actitud de blindaje en cuanto a esa información que ya le valió un tirón de orejas de la propia Conselleria de Transparencia, dirigida por Alcaraz, y de otras figuras como el Síndic de Greuges. Qué hacer ante estas situaciones y los cambios necesarios en la administración para una transparencia total han sido los ejes del debate, sin una solución clara más que una declaración de intenciones que para los ciudadanos no es suficiente. Alcaraz ha reconocido que "aun queda mucho por hacer", ya que "no tenemos una varita mágica".
El tono del debate ha ido subiendo a medida que se adentraba en el fondo de la cuestión. No basta solamente con esa voluntad de Transparencia. Una voluntad, por otra parte que no debería ser tal, sino que cabría esperar que fuera intrínseca en la administración, como apuntó uno de los asistentes. Mecanismos de control, sanciones para las administraciones, políticos y funcionarios que no cumplan con la Ley de Transparencia y otras medidas más contundentes que los actuales para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información municipal han sido otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Al testimonio de la "batalla" ciudadana en materia del Mercado Central queha puesto de manifiesto el presidente de Ágora, Pablo Fernández, se ha sumado el de la Plataforma Ciudadana de Alicante, que surgió como protesta al Plan Rabassa. Su presidente Manuel Marco, que ocupa el cargo que ya ocupó quien hoy es Conseller de Transparencia ha instado a los colectivos ciudadanos a llevar a los tribunales el caso del Mercado Central si consideran que no se ha actuado correctamente.
Los principales desencuentros se produjeron entre el conseller y el funcionario público, Fernando Urruticoechea. El funcionario criticó el sistema político y la desigualdad de condiciones entre estos y los ciudadanos a la hora de defender sus intereses, y cómo desde el sistema se trata de fomentar eso. Urruticoechea habló de los "chiringuitos" montados, también en organismos que tratan de defender a los ciudadanos sin que sirva para nada, al no ser vinculantes sus resoluciones, así como la desprotección de los ciudadanos. Unas palabras que no han sentado muy bien a Alcaraz, al verse considerado parte de esos "chiringuitos".
Polémica
La tensión ha ido "in crescendo" hasta el punto de que la portavoz de Compromís de Elche, Mireia Mollá, del mismo partido que Alcaraz y que ha llegado a la última parte del debate, ha salido a defender a los suyos en relación al Mercado Central. La edil ha hecho alusión a las palabras y documentos a los que se ha referido en este asunto la portavoz de gobierno, Patricia Maciía (PSOE), apuntando a que "no hay una postura del Ayuntamiento en este tema. Hay una del PSOE y otra de Compromís", si bien optó que la portavocía que ostenta Maciá es la de junta degobierno, y por tanto, de las decisiones adoptados por el gobierno.
