La Policía Nacional detuvo en la tarde del martes al exabogado Raúl Díez Castillo, sobre el que pesaban cuatro órdenes de búsqueda y captura al no ser localizado por la Justicia en varios procesos penales abiertos por presuntas estafas a sus clientes. La detención se produjo tras tenderle una emboscada dos de estos afectados, que se conocieron por un grupo de Whastapp formado por una decena de personas, todas exclientes, de distintos puntos de España. Tras comprobar que no se presentaba a los juicios contra su persona, uno de ellos, con quien aún mantenía relación, decidió quedar con él en una inmobiliaria de la calle Capitán Baltasar Tristany, que usaba a modo de despacho. Una vez concertada la cita a las 17.30 de la tarde del martes, dieron aviso a la Policía Nacional de dónde estaría el exletrado, por lo que una unidad vestida de paisano procedió a su detención.
Todos los casos de presuntas estafas y apropiación indebida, ya que también está acusado de quedarse con indemnizaciones de sus clientes, provienen de denuncias por presuntas negligencias médicas, especialidad a la que el exletrado estaba dedicado, pues llegó a ser el abogado de la Asociación El Defensor del Paciente en la provincia de Alicante. Díez fue expulsado del Colegio de Abogados de Elche por una sanción de expulsión que se dictó el 29 de julio de 2015 y que se hizo efectiva el 1 de febrero de 2016. De hecho, la medida llegó tras varias sanciones, según confirmó ayer a este diario el decano del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual.
Pese a que ya no está colegiado como abogado, Pedro Vozmediano, quien tendió la trampa, logró quedar con él bajo el pretexto de recurrir una sentencia del TSJ de la que había tenido conocimiento hacía escasos días. Le prometió que estaban dispuestos a llegar dónde hiciera falta y gastar lo que fuera necesario para que se hiciera justicia con su madre, que quedó en estado vegetativo tras lo que consideraron una mala praxis médica. «Sabíamos que era la única manera. Como el tiburón que va a la sangre, él va al dinero».
Recomendación
Pedro contrató a Díez por recomendación de la asociación El Defensor del Paciente en 2010. La entidad lo echó en 2012 al tener conocimiento de las primeras denuncias por estafa. «Me pidió 5.500 euros para iniciar el procedimiento. Con el tiempo, tras conocer la sentencia, nos enteramos de que ni tan siquiera había pedido el informe pericial, una de las gestiones más caras de esa cuantía. Empezamos a sospechar cuando veíamos que daba largas, no cogía el teléfono y el caso se alargaba en el tiempo sin que tuviéramos noticias», apunta el afectado. Pese a todo esto, Vozmediano descarta denunciar porque «hemos visto que no sirve de nada, tiene una decena de denuncias» y su familia está harta de batallas judiciales.
Aun así su papel fue determinante en la detención, gracias al plan elaborado junto a otro de los afectados, que sí denunció y se trasladó a Elche desde Madrid solo para participar en esta trampa y ver cómo lo detenían. «Tras quedar con él fuimos a la Policía Nacional e informamos de cuál sería su paradero. Tenía miedo de que no viniera, pues era frecuente en él dejarte tirado 10 minutos antes de la cita. Una vez dentro de la inmobiliaria, hice una llamada perdida al otro chico, quien dio aviso a la Policía, que se encontraba en la zona vestida de paisano, para proceder a la detención».
Pese a esto, no teme futuras represalias y «espera que sirva para que se haga justicia, acuda a los tribunales a dar la cara y, sobre todo, que deje de estafar a más gente, por el bien de todos», concluye Vozmediano.
