Más de 4.700 personas residentes en Elche han acudido a la Generalitat Valenciana para requerir las ayudas o los recursos que contempla la Ley de Dependencia. Sin embargo, solo algo menos de la mitad de esa cifra son atendidos ahora mismo en algún servicio público o reciben prestaciones, según los últimos datos de la Conselleria de Igualdad y de Políticas Inclusivas.

En concreto, en la ciudad hay ya 2.575 personas dependientes registradas como beneficiarios de algún tipo de cobertura y 754 solicitantes valorados como no dependientes. Pese a que la asistencia todavía está lejos de llegar a todos los solicitantes, los afectados han recibido en el último ejercicio una bocanada de esperanza al ver cómo el Consell logró duplicar en un solo año la cifra de dependientes que habían recibido ayudas desde 2007. La puesta al día en los pagos y la retroactividad reconocida han permitido a las personas que sufren algún tipo de dependencia afrontar con un mayor optimismo su futuro.

No en vano, pese a esos progresos, en Elche todavía hay 1.405 solicitantes que permanecen en lista de espera a expensas de que el Consell resuelva los expedientes atascados desde hace años en València, según los datos aportados por el departamento que dirige Mónica Oltra. Un problema que conoce bien el resto de la provincia de Alicante, donde hay 9.000 personas que todavía esperan las ayudas de la dependencia.

Esta cifra está considerada por los colectivos de afectados como demasiado alta, ya que la consellera prometió dejar el contador de la lista de espera a cero antes de que finalizara un mandato que ya ha cruzado su ecuador. Algo que desde la Generalitat han atribuido al atasco existente para resolver los expedientes en un plazo máximo de seis meses, como marca la ley. De hecho, según lo que ya manifestó la propia vicepresidenta del Consell, todavía hay expedientes bloqueados desde el año 2012 y 2013, con lo que el Gobierno autonómico no cree que hasta finales del próximo año sea posible ponerse al día.

Con estos inconvenientes sobre la mesa, y pese a que los afectados reconocen que sí que han notado un mayor esfuerzo y diálogo por parte de la Administración para agilizar las resoluciones, hay quienes consideran que esta actitud no es suficiente y que todavía se está lejos de resolver el problema. Familiares con dependientes a su cargo en Elche también aludieron a las restricciones del Gobierno central para inyectar financiación a la Generalitat.

Entre los contras, los afectados también criticaron la pérdida de comunicación directa con la Generalitat para conocer el estado del expediente, que desde hace meses les obliga, en muchos casos, a pedir cita con los trabajadores sociales, con la mayor demora que conlleva.