02 de mayo de 2017
02.05.2017

«Los cuidadores ya no tenemos derecho a nada»

01.05.2017 | 21:47

«Dejé mi trabajo para hacerme cargo de mi hijo y empecé a cotizar, ya que con la Ley de la Dependencia se veía al cuidador como un trabajador. Desde 2012 no tenemos derecho a nada», confiesa Aurora, una ilicitana, madre de un joven de 14 años que sufre una discapacidad. Su caso particular es extrapolable al de muchos familiares que se ven «ahogados» en su día a día por la falta de recursos y por las dificultades que rodean al colectivo de personas dependientes.

La recuperación de la cotización de los cuidadores en el entorno familiar es otra de las reivindicaciones que forman parte de la lucha de los afectados. El desamparo que sufren los cuidadores de personas dependientes, tanto a nivel sanitario, social, como legislativo es una de las losas con las que han de lidiar los perjudicados.

En su caso, Aurora tenía un puesto fijo en una empresa de calzado de Elche. Cuando nació su hijo y supo que sufría una lesión en la médula, decidió, como muchas madres que se encuentran en su misma situación, que era ella la que tenía que acompañar en su día a día a su pequeño, quien ha tenido que enfrentarse ya a una decena de operaciones. Y a sí fue. «Coticé tres años, desde 2009 hasta 2012, cuando "derogaron" la ley y, entre otras cosas, la pensión que íbamos a recibir con la jubilación se quedaba reducida a nada», señala la ilicitana.

Y es que uno de los recortes que supuso el decreto ley, aprobado hace cinco años, con la entrada de Mariano Rajoy al Gobierno, fue que los cuidadores debían hacerse cargo del pago de las cuotas de la Seguridad Social, cuando antes lo asumía el Estado. Un paso atrás que ha supuesto que la mayoría de cuidadores no profesionales de personas dependientes dejen de cotizar.

Con estas restricciones, Aurora, como el resto de familias, reclama que la ley se pueda cumplir como cuando se aprobó en sus inicios, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. «Con la ayuda que recibimos, tenemos que pagar gastos de terapias, desplazamientos, etcétera. ¿Cómo me voy a dar de alta si tengo que hacer frente a tanto?», apunta Aurora. En su caso, su hijo tiene reconocido un grado 2 de dependencia, cuando inicialmente le concedieron un 3.

Esas revisiones a la baja de los niveles de discapacidad es otro de los lastres que critican los afectados por la Ley de Dependencia al ver reducidas las prestaciones.

Así, envueltos en toda una carrera de obstáculos por superar a diario, el colectivo mantiene su tesón por conseguir avanzar en los derechos y las ayudas. «Lo que la gente no sabe es que los que nos hacemos cargo de personas dependientes trabajamos las 24 horas del día, y eso tiene que estar reconocido», defiende Aurora.

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