El Ayuntamiento de Elche ha acabado en el juzgado. Y lo hace después de que vecinos de la pedanía de Carrús hayan presentado un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración local por no ejecutar dos decretos de demolición de 2015 dictados por Infracciones Urbanísticas contra una granja escuela de la pedanía. De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche no sólo ha admitido la demanda, sino que ha fijado la celebración de la vista para noviembre del próximo año. Lo paradójico del caso es que el derribo afecta a un negocio vinculado al hoy pedáneo de la partida, Rogelio Peral, que, a la sazón, fue quien precipitó el 6 de octubre de 2015 -sólo cuatro meses después de su toma de posesión- la dimisión de la entonces edil socialista de Aperturas, Purificación Vives, al denunciar que su marido tenía una empresa sin licencia.
En el escrito dirigido al juzgado, los recurrentes argumentan que un decreto del 14 de octubre de 2015 -sólo una semana después de la renuncia de Vives- ya pedía la demolición de los muros del negocio que bordean el Camino de la Rápita y el barranco de Los Arcos, por no ajustarse a la licencia concedida. El decreto no fue recurrido, por lo que, a efectos prácticos, es firme.
Mes y medio después, el 27 de noviembre, otro decreto de Infracciones Urbanísticas ordenaba la demolición de un pabellón cubierto y un anfiteatro ejecutados al 70%, de once casetas prefabricadas, de un invernadero, de un porche y de un cobertizo. La empresa tampoco recurrió este requerimiento municipal. El establecimiento, de hecho, según los decretos del Negociado de Infracciones Urbanísticas, se encuentran en suelo no urbanizable calificado como común de reserva (Clave 52), lo que significa que todo queda condicionado a que el Consell conceda la Declaración de Interés Comunitario; y suelo de especial protección por zonas húmedas, cauces y barrancos (Clave 64), lo que impide que se pueda instalar allí una granja escuela.
Ahora bien, hubo un tercer expediente, por la construcción de un edificio de 18 metros cuadrados y de dos cobertizos, y la ampliación de otra construcción existente, según recoge el recurso, aunque este requerimiento sí caducó al no poder ser notificado en el plazo legal.
Con estos puntos de partida, los recurrentes, según señalan en la demanda, solicitaron en marzo del año pasado al Ayuntamiento información de los expedientes de infracción urbanística incoados a la empresa, así como de la reapertura de la granja escuela en la partida de Carrús, a pesar de que el área de Aperturas, entonces con Purificación Vives como concejal, había decretado su clausura en julio de 2015. Ante ello, Infracciones Urbanísticas sí dio una respuesta a los vecinos que han presentado el recurso. No pasó lo mismo con la clausura. Ahí no hubo contestación alguna, pese a que los recurrentes sostienen que el recurso de reposición contra el cierre de las instalaciones le fue rechazado a la firma. Fue así como volvieron a insistir con otro escrito dirigido a la Administración local en julio del año pasado, en el que, además, denunciaban que la empresa -que para ese entonces había cambiado de nombre- había acometido nuevas obras, como una piscina, un rocódromo o tirolinas. Alegaban, en este sentido, que las instalaciones presentan un grave riesgo no sólo para los niños que utilizan las instalaciones, sino para los propios vecinos. Y, tras ese requerimiento dirigido al Ayuntamiento, llegó otro en noviembre pasado, volviendo a pedir que la Administración local procediera a ejecutar subsidiariamente los derribos. Finalmente, ante la falta de respuesta, según sostienen los demandantes en el recurso que acaba de admitir a trámite el juez, han optado por acudir al juzgado para que se declare la inactividad del Ayuntamiento y se proceda a derribar las obras declaradas ilegales en los decretos de 2015.
Con este escenario, el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, aseguró que, a fecha de ayer, aún no se había recibido notificación alguna del recurso en el Negociado de Infracciones Urbanísticas. Sea como sea, incidió en que se han seguido los trámites habituales en estos casos. «En los decretos de 2015 se le daba un mes para la ejecución voluntaria o ejecutaría subsidiariamente el Ayuntamiento. En ese tiempo, el interesado nos comunicó que tenía intención de plantear una modificación del Plan General que permitiría la legalización. Esa modificación llegó a finales de enero de 2016 y en julio llegó a Cartografía y Planeamiento», señala el edil. Eso precisamente, señala, es lo que ha motivado que, de momento, se haya paralizado la ejecución provisional, a expensas de ver qué ocurre con ese cambio del PGOU propuesto.
