Casi dos décadas pendientes de que la Justicia se pronuncie. En abril del año 2000, un joven de 20 años de edad sufría un accidente de tráfico, por lo que tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital General de Elche. Días después fue dado de alta, pero, al presentar fuertes dolores en el abdomen, unido a frecuentes vómitos y dificultad respiratoria, volvió al centro sanitario hasta en dos ocasiones más para someterse a pruebas médicas. Ocho horas después de darle el último alta, el joven falleció en su casa.
Una familia de Elche lleva 17 años a la espera de que se celebre el juicio por una denuncia contra seis facultativos de este centro sanitario al considerar que habrían cometido un delito de homicidio imprudente cuando falleció su hijo de 20 años. Algo que tendrá que dictaminar a partir de la próxima semana un juzgado de lo Penal de Elche, tras señalar el inicio de la vista oral.
No en vano, en contra a los intereses de los familiares, el Ministerio Fiscal descartó formular escrito de acusación porque entendió que no había datos suficientes para pedir responsabilidades y que en el fallecimiento del joven pudo haber habido, en todo caso, una imprudencia múltiple, aunque debería ser imprescindible determinar cuál de esas imprudencias causó el fallecimiento. A partir de ahí, dictó el sobreseimiento provisional.
Frente a ello, la acusación llevada a cabo por el abogado Domingo Salvatierra, de la firma Whitman Abogados, reclama una pena de tres años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para los sanitarios que atendieron al joven, además de una indemnización de 310.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.
En ese largo procedimiento estancado en el tiempo ha habido todo tipo de frenos, como el archivo de las actuaciones por parte del juzgado al considerar que no había infracción penal de los hechos. En ese trance a contracorriente, los familiares también se encontraron con un segundo sobreseimiento provisional, tras el informe del Ministerio Fiscal.
Después, en 2008, la acusación particular logró que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche, ordenara que el juzgado siguiera con la causa. Frente a ese balón de oxígeno para la familia, hasta el año 2014 no hubo una fecha de señalamiento para el juicio. Llegado el día, la vista oral se suspendió porque el perito de la acusación tenía alzheimer dado el tiempo que había transcurrido desde su informe. Ocho meses más tarde llegaba la segunda fecha del señalamiento y el juicio también tuvo que suspenderse. Después de todo ese largo camino, los familiares han iniciado la cuenta atrás, tras 17 años, para tratar de pasar página en el trágico desenlace de su hijo.
El joven, tal y como denunciaron ante los juzgados días después de su fallecimiento, sufrió un accidente de tráfico e ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital General de Elche para realizarle pruebas médicas, como TAC, radiografías, análisis médicos, etc. A los pocos días de subirlo a planta, le dieron el alta, pese a que el joven se quejaba de un dolor muy fuerte de abdomen y vómitos.
Final inesperado
Tal y como consta en la demanda, el ahora fallecido regresó al hospital para que le realizaran unas placas. Se marchó entonces de Urgencias y volvió al día siguiente al quejarse de dolores insoportables. Le volvieron a hacer unas placas y le dijeron que todo estaba bien, después de que los vómitos desaparecieran. Únicamente, según los denunciantes, le prescribieron un protector estomacal. Ocho horas después fallecía en su casa.
Ante la sospecha de que pudiera haber una irregularidad médica, los familiares interpusieron una denuncia y argumentaron que lo que en principio parecía un accidente de tráfico sin importancia acabó con la pérdida del joven.
Según el auto de incoación, el informe forense reveló que la causa fundamental de la muerte fue la rotura traumática de la arteria aorta descendente y de etiología accidental (accidente de tráfico).
