María Paz Antón es abogada especializada en Derecho de Familia. También es presidenta de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip), que trabaja en defender el interés del menor en las rupturas de pareja. La letrada defiende la necesidad de aumentar las figuras de protección infantil en España y por acortar los plazos de resolución.
¿Cuáles son las trabas que se encuentra la Justicia a la hora de proteger a los menores en las rupturas de pareja?
Faltan medios y ganas para mejorar los plazos de resolución de los casos. Faltan jueces, mecanismos y más fiscales o alternativas en los tribunales. Hay ciudades en España en las que un procedimiento de medidas provisionales, que debe ser urgente, tarda tres años en llegar. En Alicante la media está en seis meses.
¿Qué soluciones podrían aplicarse para mejorar esos plazos en los tribunales?
Hay que consolidar la figura del Defensor del Menor a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana esas funciones las asume el Síndic de Greuges, un mecanismo muy general. También hacen falta más especialistas en temas jurídicos, docentes, psicólogos y otros profesionales para trabajar con menores. Además, sería interesante crear más secciones de Familia en los juzgados, no solo a nivel de capitales, sino a nivel local para dar celeridad a los procesos.
¿Cuáles son las consecuencias para los menores de estas esperas judiciales?
Inciden en que hay conductas en el menor de carencias de no estar con alguno de los progenitores, el poder entrar en el juego de manipulación entre una pareja en proceso de ruptura, porque se convierten en moneda de cambio en algunas ocasiones. La directiva de Asemip, presentó en el año 2015, ante el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU, un estudio donde se detallaban esas consecuencias.
¿Se escucha la voz de los menores en los procesos de ruptura de sus padres?
El menor necesita que se le escuche en los procesos de familia, porque en la mayoría de casos son sus padres, que pueden estar peleando por su pensión o un régimen de visitas, los que hablan por ellos. Hay que crear especialistas que consigan que los niños hablen por sí mismos.
