El pago de 407.053 euros a Urbaser, la empresa adjudicataria de la recogida de basuras y la limpieza viaria, por servicios extraordinarios encargados por el PP unos meses antes de las elecciones municipales de 2015, pese a los informes desfavorables de la Intervención, no alcanza la categoría de delito de prevaricación. Ahora bien, sí son una «relevante irregularidad administrativa». En estos términos se pronuncia el Ministerio Fiscal. Y lo hace después de que la concejal de Compromís, Mireia Mollà, presentara una denuncia ante el Ministerio Público en mayo del año pasado contra el que fuera concejal de Vía Pública en el anterior mandato, Manuel Rodríguez. La edil, de hecho, daba este paso nada más aprobarse en el pleno de abril de 2015 el pago de estas facturas, con los votos en contra de su grupo, la abstención de C's, y el visto bueno de su socio de gobierno, el PSOE, y del resto de grupos, entre ellos el PP.
En concreto, todo se remonta a finales de 2014. En diciembre de ese año, Vía Pública solicitó la contratación de 20 trabajadores para domingos y festivos con el fin de reforzar el servicio de limpieza durante un mes, hasta el 6 de enero de 2015. Se amparaba en Ayuntamiento, en aquel momento gobernado por el PP, en que lo que se buscaba era «la mejora de la imagen como destino turístico», además, en las zonas «con mayor afluencia de visitantes», lo que, en la práctica, significaba que se limitaría al centro. Los costes de la actuación, según el informe municipal elaborado en aquel momento, y firmado por el edil, el coordinador de gestión de Limpieza y el técnico de Vía Pública, se cifraba en 36.095 euros, a lo que habría que sumar el IVA.
En cualquier caso, antes de que acabara ese contrato, un nuevo informe municipal, éste de 5 de enero de 2015, apoyándose en los mismos motivos que el 1 de diciembre, solicitaba una ampliación de la contratación de 40 trabajadores para sábados, domingos y festivos -se ganaba, por tanto, una jornada más-, por un periodo de cinco meses, esto es, hasta el 31 de mayo, justo una semana después de las municipales que acabarían dando la vuelta al Ayuntamiento ilicitano. Los costes, otra vez no incluidos en el contrato, ascendían a 66.790 euros, más el IVA, y debían girarse en una factura independiente a la ordinaria.
Sin embargo, cuando la empresa presentó las facturas, la Intervención emitió dos informes desfavorables. En el primero, de 1 de junio de 2015, la interventora hacía hincapié en que, por acuerdo de la junta de gobierno de diciembre de 2011, se aprobó una prórroga de la contrata que implicaba la eliminación de los servicios extraordinarios. En el informe, la Intervención no se podía mostrar más contundente: «Resulta impresionante las irregularidades que en él se contienen», afirmaba con relación al escrito municipal firmado por el edil y los técnicos y en el que se plasmaba el primer encargo. En esta línea, ponía el acento en que, previamente, debía haberse solicitado un informe precio a la Intervención, demanda que debía haber cursado Contratación, para proceder a la modificación el contrato, la tramitación de servicios complementarios o lo que correspondiera, y, además, todo eso debía ser autorizado por la junta de gobierno.
Un segundo informe de Intervención, este por el segundo encargo, que ascendió en total a 367.348 euros. «Del examen realizado de la documentación remitida por la citada empresa, se pone de manifiesto que el citado gasto se ha llevado a cabo sin sujeción alguna a la legislación aplicable al efecto», terció entonces la interventora. Tampoco aquí había fiscalización previa del gasto, y no se había tramitado por Contratación. Finalmente, entre otras cuestiones, la interventora alegaba que no existía crédito suficiente para atender el pago porque la aplicación presupuestaria de Limpieza Vía Pública se había reducido a principios de año por indicación del técnico de Vía Pública.
Finalmente, en abril de 2016 la actual edil de Hacienda, la socialista Ana Arabid, llevó una moción a la junta de gobierno una moción con una modificación presupuestaria de créditos extraordinarios por reconocimiento de créditos por 407.053 euros, correspondientes a los servicios extraordinarios encargados por el PP en 2014 y 2015, con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto de 2015, que ascendía a 12,5 millones.
De nuevo, la Intervención, en abril de 2016, volvió a emitir un informe en el que recordaba los reparos ya expresados en escritos anteriores. Se ratificaba en el gasto se había realizado sin sujeción a lo que marca la ley, por todo lo que ya había expuesto en 2015. En cualquier caso, daba luz verde a la modificación presupuestaria para abonar lo solicitado por Urbaser.
Ante todo ello, Mireia Mollà basaba su denuncia en que el exedil de Vía Pública había hecho el encargo de los servicios extraordinarios sin sustento contractual ni legal, y saltándose el procedimiento administrativo. Ahora bien, el fiscal, en su decreto, alerta de que «es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativom suponen la comisión de un delito». En este sentido, considera que los hechos denunciados por Compromís no son constitutivos de un delito de prevaricación, como pedía Mollà, y archiva la denuncia. Eso sí, el Ministerio Público no se resiste a calificar la secuencia de los hechos de «relevante irregularidad administrativa», como puntualiza.
