No se puede demostrar la existencia de delito alguno de apropiación indebida de parte de las cuotas ingresadas coincidiendo con la celebración de la asamblea local del PP y, en caso de que lo hubiera, no se puede atribuir su autoría a la actual presidenta, Mercedes Alonso. Ahora bien, la investigación de los últimos meses y el examen pormenorizado de las cuentas ponen de manifiesto la «desorganización» y el «descontrol» en la recaudación de las aportaciones de los militantes. Así quedó en evidencia en la última asamblea celebrada por los populares en Elche, en diciembre de 2012, de la que saldría elegida Alonso como mandataria, por 670 votos frente a los 51 que obtuvo la exdiputada nacional Enriqueta Seller, según los datos que dieron desde el PP en aquel momento. Eso más o menos es lo que viene a decir la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, que, de esta forma, vuelve a archivar por segunda vez -de forma provisional- la denuncia interpuesta por Jesús Ramón Porcel, que llegó a presentarse como candidato a la presidencia del PP en aquel proceso aunque luego se retiró, y por el Foro Demócrata, cuya cabeza visible era el exmilitante del PP Miguel Picher.
En este último auto, la juez detalla que, en la asamblea de aquel 10 de diciembre de 2012 -la primera que se celebraba en Elche en 20 años-, se exigió como «requisito inexcusable» estar al día en el pago de las cuotas de los tres últimos años, lo que, a efectos prácticos, se traducía en desembolsar 120 euros por afiliado. Los pagos, en este sentido, supuestamente se hicieron efectivos en las mesas en las que se votaba aquella tarde, según el auto. A cambio, se entregaba simplemente un recibí al pagador.
A partir de aquí, la cosa se complica más si cabe. Por un lado, el acta de ese día recoge que votaron 694, y ello a pesar de que, finalizada la asamblea, desde el PP elevaron el número de participantes a 721. Por otro, según las anotaciones contables de la Asociación Popular de Elche, pagaron 191 afiliados, y se llegó a los 9.570 euros. Por tanto, no hay rastro de los abonos que pudieron hacer las otras 503 personas hasta llegar a las 694 que, en teoría, según las actas, participaron.
Ante ello, la magistrada, simple y llanamente, se limita a decir que «sobre tales personas -esas 503- no es posible determinar ni mucho menos acreditar que realizaron pago alguno ese día, ya que todos los recibís existentes y que obran en la causa han sido contabilizados e ingresados en la cuenta de la Asociación, y llegado a tal punto, y sin posibilidad de conocer quiénes fueron dichas personas (el partido tenía más de nueve mil afiliados) y si las mismas realizaron algún pago, resulta imposible determinar que tal dinero existiera y no se hubiera ingresado en la cuenta de la Asociación dándole un destino ilícito».
Es más, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche se ampara en que los responsables de la contabilidad y tesorería, Diego Agulló -expedáneo de Maitino- y Justino Delgado -edil y tesorero del PP tras aquella asamblea- ponen en tela de juicio que aquel día se recaudara dinero de tantas personas.
No en vano, Diego Agulló, que en su declaración ante la UDEF se reconoce como tesorero eventual de la Asociación Popular de Elche, afirmó que no recordaba la cantidad recaudada ese día, pero que creía que no le pasaron cuotas de tanta gente. Justino Delgado, por su parte, directamente apunta hacia el PP provincial ante la UDEF. En su comparecencia, defendió que el censo final lo proporcionaron desde Alicante y fue desde Alicante desde donde dijeron quién estaba al corriente de pago. «Según tiene entendido, todo el que no estaba en esa lista y quería votar tenía que pagar», detalla el informe policial.
Sin embargo, en el auto se matiza que el PP provincial no ha aclarado ninguno de los extremos investigados: alegó desconocimiento sobre el pago de las cuotas en Elche, pero tampoco descartó que los pagos se hicieran directamente en la sede provincial, apostilla la magistrada.
¿La conclusión de la jueza más allá de la desorganización y el descontrol en las cuotas? La de que nada permite acreditar que ese día se pagara más de lo contabilizado, y una investigación en ese sentido, a su juicio, es imposible por el número de afiliados que tiene el PP. Dicho esto, considera que, aunque se llegara a esa conclusión, resulta imposible, según el auto, demostrar que Mercedes Alonso o su entorno fueron quienes se quedaron con el dinero. No obstante, hace dos puntualizaciones: la investigación patrimonial a Alonso no revela nada en ese sentido, y, en todo caso, no debería excluirse la posible responsabilidad que pudieron tener los que se encargaron de recaudar el dinero.
Sea como sea, la juez se hace eco en el auto de otras dos hipótesis, más allá de la de la apropiación indebida, que, afirma, son las mismas que recoge la UDEF en su informe. O no se exigió el pago a los afiliados, tal y como se hizo constar en la impugnación posterior que acabó presentando Enriqueta Seller. O no votaron tantas personas como se recoge en el acta. Sólo así se podría explicar ese desfase. En lo que sí parece que coinciden todos es en que, en teoría, sólo podían votar aquellos que estuvieran al corriente de pago de las cuotas del último trienio.
Ahora, con este telón de fondo, la pregunta que se plantea es quién votó en aquella asamblea en la que salió elegida la actual presidenta local del PP. Y se plantea justo cuando a la vuelta de la esquina hay un nuevo proceso del que saldrá la próxima cúpula del PP en Elche, y cuando, de momento, ya se han ido postulado dos candidatos.
