L a entrada en vigor, mañana, de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción fue analizada ayer por la Asociación Técnico Empresarial de la Construcción, ATECO, la primera organización empresarial del sector en la provincia, cuyos asociados han abordado las consecuencias de la implantación de la nueva norma. La jornada sirvió para poner de manifiesto que al margen de las incertidumbres existentes, por la falta de un reglamento, la normativa estatal trata de poner orden en la práctica de la subcontratación para lograr una reducción de la siniestralidad en un sector, como es el de la construcción, que en la Comunidad Valenciana ha visto reducir el número de accidentes en los últimos años.
«En la Comunidad Valenciana el número de trabajadores ha crecido un 26,9% entre 2000 y 2006, mientras la siniestralidad ha bajado un 20,9% en ese mismo período. En la provincia de Alicante, la población ocupada en el sector ha crecido un 32,4%, mientras la siniestralidad ha descendido un 9,3%», expuso el director general de Empleo y Trabajo, Román Ceballos, quien precisó que «la Comunidad Valenciana es la que más ha reducido la siniestralidad a nivel nacional, pese a que en el conjunto del Estado crece».
Ceballos destacó que la nueva normativa estatal lo que pretende es erradicar la subcontratación innecesaria que conduce a «prácticas incompatibles con la seguridad en el trabajo». Así, la nueva ley determina la implantación de un registro de empresas acreditadas, «donde todas deberán estar inscritas», y a las que se exige, entre otras cuestiones, tener plantillas estables y solvencia empresarial.
Del interés de la aplicación de esta nueva norma da una idea que el aforo del salón de actos de ATECO estuviera cubierto con la asistencia de representantes de empresas asociadas y ante quienes Ramón Rocamora, director territorial de Empleo y Trabajo, señaló que la nueva ley afecta a trabajos que suelen subcontratar las empresas relacionados con excavaciones, movimiento de tierras, construcción, montaje, rehabilitación, reparación, derribo, mantenimiento, conservación, pintura y saneamiento.
Rocamora dejó claro que las obras que comiencen después del 19 de abril, hasta que entre en vigor el registro, algo que se prevé suceda en el plazo máximo de un año, deberán exigir a las empresas que subcontraten una autodeclaración de que el personal tiene la formación exigida en riesgos laborales, «que a mi juicio consiste en la realización del curso mínimo de 50 horas previstas en el reglamento de seguridad e higiene», expuso el director territorial de Empleo y Trabajo en el transcurso de la jornada.
