El tripartito confirmó ayer que no va a recurrir la sentencia condenatoria a raíz de la acción judicial emprendida en su día por los herederos del poeta Miguel Hernández, lo que significa que seguramente en 2017 abonará a éstos cerca de 118.000 euros, además de la restitución de las copias digitalizadas del legado.
Durante el pasado mandato, el Gobierno del PP decidió rescindir el convenio suscrito en el año 2010 entre la familia y el Consistorio que encabezaba entonces Alejandro Soler, para que los fondos del escritor oriolano continuaran en Elche en depósito por 20 años más, con el compromiso del Ayuntamiento de consignar 150.000 euros al año en las cuentas municipales para el legado.
El PP, al tomar las riendas del Ejecutivo local, consideró que, dado el endeudamiento municipal y que, además, existían otras prioridades de gasto, no debía seguir abonando tales cantidades, lo que, en última instancia, propició que el legado se trasladara a Quesada, en Jaén.
La sentencia condena al Ayuntamiento a abonar una indemnización, así como las mensualidades pendientes de marzo a octubre de 2011.
Cabe recordar que la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y los nietos del autor de «El rayo que no cesa», María José y Miguel Hernández Izquierdo, pedían una indemnización de algo más de 1,6 millones de euros. El Ejecutivo de Alejandro Soler solo abonó las cantidades correspondientes de octubre de 2010 a febrero de 2011, unos 36.000 euros. Por su parte, la entonces alcaldesa Mercedes Alonso no abonó nada desde su toma de posesión.
La portavoz de la junta de gobierno y edil de Cultura, Patricia Macià, arremetió duramente contra Alonso, a la que culpa de que las arcas municipales tengan que hacer frente a este nuevo gasto.
«Gracias a la gran gestión de la exalcaldesa, Elche debe pagar 118.000 euros. Y no lo dice Patricia Macià, ni este equipo de gobierno, sino el juez. Por su capricho el juez condena a todos los ilicitanos. Esta es la política desde el rencor, la sinrazón de la exalcaldesa», subrayó la edil.
La edil Macià señaló que el equipo de gobierno ha valorado que recurrir la sentencia supondría incrementar los gastos judiciales y un riesgo hipotético de condena en costas.
El grupo municipal del PP mostró ayer su sorpresa por esta decisión de no recurrir, al considerar que así no se defienden los intereses de los ilicitanos, al tiempo que habla de irresponsabilidad política.
«Los herederos pedían inicialmente casi 3 millones de euros y la sentencia les reconoce tan sólo 118.000 euros gracias a la defensa de los intereses de los ilicitanos a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento», manifestaban ayer desde el grupo popular.
Para Patricia Macià, «la Corporación anterior vulneró la ley al no respetar los contratos y adoptó decisiones unilaterales contrarias a derecho».
