La Audiencia Provincial juzga el jueves en Elche a un hombre acusado de estafa y apropiación indebida por presuntamente haber conseguido que un tío político suyo, que se encontraba en un estado de deterioro cognitivo que le impedía comprender la situación, le designara como único heredero de sus bienes, le traspasara dos locales comerciales y una vivienda o le autorizara a manejar cuentas bancarias de las que habría llegado a sacar 450.000 euros. El Ministerio Fiscal pide también que indemnice a los hermanos del hombre presuntamente estafado -ya fallecido- con más de medio millón de euros por el valor de los bienes y el dinero del que se habría conseguido apoderar.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, los hechos se remontan a 2002, año en que el tío del acusado ingresó en un residencia de Redován por las lesiones y secuelas de un accidente en el que murió su esposa. Esa mujer era la tía biológica del ahora acusado, quien sabía de la situación patrimonial del matrimonio y se ofreció a ser tutor extrajudicial del hombre. En un momento dado, y a pesar del deterioro cognitivo del enfermo (que afectaba a su concentración, memoria, lenguaje, orientación y entendimiento según los médicos), le llevó a una notaría en Elche para que firmara varias escrituras. En ellas, el acusado quedó como beneficiario de una donación en la que le traspasó la propiedad de dos locales comerciales en las calles Hermanos Gonzálvez Selva y Filet de Fora y de una vivienda en Patricio Ruiz Gómez, y, además, le designó como su único heredero. Los gastos de la donación también se cargaron a la cuenta bancaria del hombre, sin que nada de esto fuera comunicado al resto de la familia, y siempre según las conclusiones del fiscal.
El Ministerio Público añade que el presunto estafador notificó a los hermanos de su tío que había recibido una indemnización de 200.000 euros por el accidente, pero finalmente se habría apropiado del dinero. Entre 2002 y 2004, además, habría ido sacando fondos de otra cuenta mediante reintegros, cheques y transferencias hasta dejarla prácticamente a cero y obtener 277.000 euros. Incluso habría constituido un préstamo de 60.000 euros hipotecando una de las fincas, vendido otra por casi 100.000 euros y seguido cobrando el alquiler por la tercera.
Por todas estas operaciones que el Ministerio Fiscal considera provisionalmente como delitos continuados de estafa y de apropiación indebida, la acusación pública pide cinco años y medio de prisión y una indemnización de 555.000 euros para los cuatro hermanos del fallecido, además de los importes del alquiler y que salde el préstamo hipotecario. También que se anulen las escrituras tanto de la donación de las dos fincas que no llegó a vender como del testamento en el que le designaba heredero único.
