Con el agua al cuello. En esa situación se encuentra en estos momentos la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, después de que el juzgado haya decretado el embargo de su sede, situada en la calle Rafael Sánchez Ceva, en el corazón del barrio de Porfirio Pascual, por el accidente del Alardo de 2008, cuando explotó un arcabuz y acabó dejando a cuatro personas heridas. Lo peor es que la cuenta atrás para el desalojo ya ha comenzado y tendrá que hacerse efectivo antes de que finalice este mes que ahora empieza.

Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2008. Era poco antes de la nueve de la noche, y sólo quedaba por salir una de las comparsas. Los festeros estaban probando sus arcabuces cuando, de pronto, a uno de ellos le explotó el arma, amputándole dos dedos y haciéndole perder parte del oído. No fue el único. También resultaron heridos dos festeros más, uno de ellos de carácter leve, que no se presentó como parte del proceso posterior. Sin embargo, una de las que se llevó la peor parte fue una mujer que estaba en su casa, en la plaza Obispo Siuri. Al parecer, la onda expansiva provocó que parte de la culata del arma saltara a modo de metralla, rompiendo el cristal, con tan mala fortuna que acabó hiriendo a la propietaria de la vivienda.

A partir de ahí, se iniciaría el proceso judicial. De hecho, a principios de 2011, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche condenaba al festero que portaba el arcabuz que explotó, entre otras cosas, a indemnizar a la mujer que resultó herida en el hombro por el impacto de una esquirla del trabuco con 156.652 euros (aunque pedía unos 210.000 euros), y al otro festero con 8.743 euros. El fallo consideraba probado que la Asociación de Moros y Cristianos no había tenido ninguna responsabilidad penal en los hechos, pero sí reconocía que la entidad era la responsable civil subsidiaria, como organizadora del acto. La compañía aseguradora, no obstante, debería pagar la indemnización correspondiente a la mujer hasta el limite de 60.101 euros. Además, se declaraba la absolución de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (Undef), del Ayuntamiento de Elche, y del padre del festero que portaba el arcabuz, que había donado el arma a su hijo, aunque no existía documentación al respecto.

La sentencia se acabó recurriendo ante la Audiencia Provincial. Nada. Poco menos que vino a confirmar lo que ya había dicho el juzgado en primera instancia. El festero que portaba el arma se declaró insolvente, lo que derivó en el desenlace al que ahora se enfrentan los Moros y Cristianos. De hecho, la entidad, descontando el importe que correspondía a la compañía aseguradora, debía hacer frente a algo más de 100.000 euros, y de ahí que se haya acabando decretando el embargo de la sede.

Sea como sea, parece ser que la tasación del local apenas llega a los 50.000 euros, según admitían ayer mismo de la asociación, por lo que, ahora, el primer paso, será encontrar una nueva sede y, a partir de ahí, estudiarán de forma detenida qué pueden hacer con las cantidades pendientes. «Hemos tenido unos años muy complicados por la crisis, y siguen siendo años duros, en los que no hemos podido hacer otra cosa que sacar las fiestas adelante como se ha podido para que no desaparezcan, pero somos conscientes de que tenemos que cumplir. Queda una parte de la indemnización pendiente y tenemos que ver cómo se hace, y que sea cuanto antes, para poder dedicarnos a lo nuestro. Si esto hubiera pasado en años de bonanza no se habría llegado hasta aquí», confesaba el presidente de los Moros y Cristianos de Elche, José María Vera.

De momento, y por lo que respecta al local, el colectivo -que cuenta con unos 1.300 asociados, de los que un millar son adultos- ya ha empezado a negociar con el Ayuntamiento ilicitano la búsqueda de otras instalaciones. Fuentes municipales, no en vano, confirmaron que, aunque a día de hoy aún no hay nada cerrado, se barajan dos emplazamientos, aunque el que más fuerza tiene hoy por hoy es uno que se enclava en la casa de un huerto en la zona del hotel Milenio.