Mari Ángeles es madre de dos niñas de 12 y 6 años (los apellidos se omiten por privacidad de las menores), está separada de los padres de ambas y ninguno de los dos paga completa la pensión de alimentos. La situación ha derivado en denuncias cruzadas por delitos de abandono de familia o incumplimientos del régimen de visitas, pero, en el trasfondo de todo, lo que queda es un perjuicio para las niñas. La madre asegura que «para mis hijas supone que a la hora de la comida tenemos que privarnos de cosas, pedir ropa de segunda mano, a veces no puedo pagar el material escolar o comprar libros porque tengo que pagar la hipoteca, la luz o el agua y ahora estoy en paro». El padre de la mayor, asegura, le debe 11.000 euros aproximadamente y apenas le ingresa 50 al mes («con eso mi hija no come treinta días»). El de la menor acumula una deuda de 5.000 y le abona cantidades parecidas, alegando que no tiene ingresos (mientras ella destaca que la economía sumergida sí le permite otros gastos como el alquiler o un viaje a Sudamérica). Recientemente el Juzgado de lo Penal 2 le ha absuelto de un delito de abandono de familia al no quedar acreditado que sí tenga recursos para pagar. El procedimiento civil sigue su curso, mientras los meses pasan para las menores. e. g. b.
