El escenario ha cambiado radicalmente. Es cierto que la estampa en primera línea de playa sigue siendo la misma, con un hotel, el de Arenales, paralizado desde hace tres meses. Entendió en aquel momento el Gobierno central, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores José María Mena y el funcionario del Ayuntamiento de Elche Marcos Sánchez Adsuar, que la concesionaria, Princesol, se había excedido de la licencia, y había derribado partes no autorizadas. Sin embargo, si el pasado mes de julio prácticamente se daba por hecho -especialmente entre las administraciones- que, al final, todo quedaría en una sanción económica, y que la ejecución se podría retomar a la vuelta del verano, ahora parece que la salida pasa sí o sí por los tribunales y, por tanto, por una paralización de las obras sine die.
De entrada, la Dirección General de Costas esperará a estudiar con detenimiento las alegaciones presentadas por la empresa, así como el proyecto. No obstante, y salvo sorpresa de última hora, en el Gobierno central tienen claro que no tendrán más remedio que llegar hasta la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre el modo en el que se debe ejecutar la sentencia, y si puede haber algún tipo de suspensión o de nulidad.
Para Costas, el problema es que el proyecto que en su día presentó la empresa no se ha cumplido. Eso poco menos que ha hecho que el cumplimiento de la normativa vigente sea incompatible con el de la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional: con las variaciones introducidas, para ajustarse a la ley hay que incumplir la sentencia y viceversa, argumentan desde Madrid. Por ello, esperarán a analizar el recurso de la concesionaria, pero ya casi se preparan para llegar hasta los tribunales para elevar la consulta. Con ello, y de ratificarse este escenario, una vez que se vuelva a judicializar todo otra vez, tanto en Madrid como en Elche se temen que, en última instancia, el bloqueo de la ejecución no tenga fecha de caducidad, al menos por el momento.
Con las manos vacías
Sea como sea, fue en este contexto en el que una delegación ilicitana integrada por el alcalde, el socialista Carlos González; la edil de Turismo, Mireia Mollà -de Compromís-; y el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, -y en a que no había ningún técnico municipal- se reunió ayer en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts.
El alcalde había pedido el encuentro a principios de julio, aunque no llegó hasta ayer. La intención desde el inicio era presionar al Gobierno para que se agilizara el proceso al máximo, y eso es lo que vendieron al término de la reunión tanto Carlos González como Mireia Mollà: que habían pedido a Costas la máxima celeridad en la resolución de un problema que entienden complicado. Lo hacían, además, amparándose en la mala imagen que da para una primera línea de playa el estado en el que se encuentra en estos momentos el hotel. No en vano, en estos tres meses han sido dos las movilizaciones de vecinos y comerciantes para tratar de forzar el desbloqueo de las obras, y la oposición no ha parado de hacer sangre con el tema.
Denunciante
Por si la cuestión ya no estuviera lo bastante enquistada, también la Asociación de Consumidores José María Mena ha vuelto a mover ficha, y lo ha hecho presentando hace sólo unos días una tercera denuncia ante Costas por irregularidades en la rehabilitación del hotel.
Se sustenta la entidad en que la retirada de la lona el pasado mes de julio ha dejado al descubierto la estructura, lo que les ratifica en su postura. En esta línea, el escrito denuncia que se ha construido un sótano que nunca existió en el edificio original, y que se ampara en un informe ad hoc del Ayuntamiento. Señala, asimismo, que parte del edificio ocupaba el viario público y, una vez derruida esa fase, se debe recuperar la avenida para el dominio público, según alega la asociación en el escrito registrado.
Mientras tanto, desde la empresa propietaria del hotel se dejaba claro que no están dispuestos a enzarzarse de nuevo en procedimientos judiciales como en el pasado. De ser así, no durarán, dicen, en descartar el proyecto y redirigir sus inversiones a otros puntos de la costa española donde, aseguran, no hay problemas y sí facilidades para generar empleo y riqueza.
Desde la mercantil Princesol aseguran que remitieron a Costas las alegaciones en torno al pasado 17 de agosto y que, durante este tiempo, no han tenido ninguna comunicación oficial.
Además, confían en que sea en este mes de septiembre cuando se desbloquee la iniciativa. «Según nuestro abogado, la razón la tenemos. Otra cosa es que haya una mala intención por parte de alguien y nos quedáramos varados», señalaron ayer fuentes de esta mercantil.
Lo que tiene claro la empresa es que no va a mantener demasiado tiempo la seguridad del edificio, el alquiler de las grúas o el sistema de bombeo de agua al mar, algo casi imprescindible para mantener la estabilidad del edificio. Por tanto, si no hay un horizonte claro en el tiempo, la empresa, insiste, replegará velas y se marchará.
