Sí, han tenido que demoler más de lo previsto inicialmente y posiblemente tengan que seguir haciéndolo, pero lo han hecho por cuestiones de seguridad y para ajustarse a las leyes del sector de la construcción. Con estos argumentos viene a justificar el equipo técnico encargado de la rehabilitación del hotel de Arenales las demoliciones parciales que se han venido haciendo en el edificio, y eso es lo que ha venido a alegar también ante el Ayuntamiento de Elche. De hecho, en las denuncias presentadas ante Costas y ante la Administración local, el derribo de determinadas partes del inmueble era una de las cuestiones en las que se ponía el foco, y precisamente eso fue lo que llevó al Gobierno central a considerar que la empresa -Princesol- se había extralimitado de las autorizaciones -que contemplaban sólo la rehabilitación- y a abrir un expediente sancionador y decretar la paralización de los trabajos. No fue el único paso. En paralelo, el Ayuntamiento abrió otra investigación el pasado mes de abril que aún continúa.

Todo comenzó a finales de marzo, cuando se recibió la primera denuncia. A partir de ahí llegarían tres más. Con ellas, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y un particular trataban de poner el foco en varias cuestiones. En los diferentes escritos se denunciaban, entre otras cuestiones, la ocultación de las obras, excavaciones dos plantas por debajo de la rasante, y la demolición de la última planta y de los cerramientos exteriores. Se activaba así el protocolo en todas las administraciones a las que los denunciantes habían llamado a la puerta, y comenzaban las inspecciones de rigor. Sin embargo, al final, tanto en Costas como en el Ayuntamiento sólo tuvieron en cuenta el derribo de partes no autorizadas. Tanto es así que eso mismo fue lo que llevó a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa a emitir un informe a principios de esta semana, en el que daba por probada la demolición de determinadas zonas del edificio, y, por tanto, a abrir un expediente sancionador y paralizar las obras.

Mientras tanto, en el Ayuntamiento, los técnicos municipales giraron visita al hotel de Arenales a mediados de abril, lo que dio pie a que unos días después se emitiera un informe que acabaría en Infracciones Urbanísticas. El documento reseñaba a grandes rasgos que se había demolido el cerramiento de la fachada de poniente, una caja de escaleras y prácticamente toda la cuarta planta, extremos estos que no estaban contemplados en las licencias de obras que dio la Administración local en su día. Se abría, con ello, el plazo de alegaciones. Alegaciones éstas, la de la empresa, que llegaron ayer mismo por la mañana a Infracciones Urbanísticas, y que serán las que sirvan de base para que el tripartito, al final, acabe tomando una decisión al respecto.

Más allá del paso que acabe dando el equipo de gobierno, Princesol, que es la empresa promotora de las obras, sigue manteniendo que, en todo momento, ha actuado ajustándose a la legalidad. Sin ir más lejos, el pliego de alegaciones lo acompaña de una memoria técnica con reportaje fotográfico incluido, firmada por el responsable del equipo técnico, Florentino Regalado.

De entrada, lo que argumenta la empresa es que las obras se están ejecutando avaladas por las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que daban la razón a Princesol y reconocían la concesión para rehabilitar el edificio, siempre respetando la volumetría y las superficies del viejo edificio, levantado en los años sesenta. A partir de ahí, lo que sostienen es que se han tratado de ajustar en todo momento a la disposición XIV del Reglamento de la Ley de Costas y al proyecto inicial, pero también respetando la legislación de la construcción, y, en particular, lo que toca a normas sísmicas, tratamiento de materiales o seguridad.

Precisamente ese cumplimiento de la normativa es lo que lleva a la compañía a afirmar que se ha debido demoler más de lo que habían estimado desde el principio, y que es probable que así siga siendo si se quiere seguir trabajando conforme a la normativa, en una rehabilitación que el equipo técnico califica e «constructiva sustitutiva». Vienen a defender, en esta línea, que las circunstancias imprevistas les han obligado a ir sustituyendo piezas estructurales con demoliciones parciales controladas. Es más, apuntan a que ha habido colapsos parciales producidos durante las obras, pilares de fibrocemento que se han tenido que retirar porque así lo marca la ley, muretas de carga de ladrillo prohibidas por la normativa sísmica, e incluso piezas estructurales metálicas y de hormigón que poco menos que se deshacen nada más tocarlas.

Con estos puntos de partida, hablan de denuncias de personas «con mala fe»; sostienen que, hagan lo que hagan, el punto final va a ser el mismo -el hotel de Arenales, respetando la volumetría y la superficie-; y defienden que no tienen más remedio que seguir reemplazando piezas estructurales existentes por otras, eso sí, «con absoluta buena fe».

Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que aún no ha movido ficha. De momento, y con el decreto de paralización de Costas, la UTE integrada por Eurolosa y La Alcudia ya ha empezado a recoger los bártulos. Más allá del equipo técnico, ayer sólo trabajaban en la obra tres operarios, recogiendo el material. Por ahora, se han entregado una veintena de cartas de despido, y la UTE cree que los 40 empleados restantes irán al paro en los próximos días. Sí se mantendrá unos días la vigilancia privada y el bombeo, para evitar que el agua acabe anegando el sótano y la estructura pueda terminar cediendo.