El cambio de cerraduras con el que el entonces equipo de gobierno del PP quiso echar del Hort del Gat a la sociedad agraria de transformación Datelx -especializada en la producción de dátiles de palmeras in vitro- va camino de salirle más caro de la cuenta a los ilicitanos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 acaba de condenar al Ayuntamiento de Elche a pagar 91.263 euros por lo que considera una actuación contraria a derecho y, por tanto, ilegal. El juez hace hincapié en que, con este modo de actuar, el Gobierno de Mercedes Alonso se saltó el convenio firmado con la entidad en 2010, y que, por su cuenta y riesgo, el Ayuntamiento no podía proceder al «descerrajamiento» de los accesos a los locales y cambiar las cerraduras. Es por ello por lo que considera en su fallo que hay que indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios y, en particular, por las pérdidas ocasionadas en la cosecha.
El magistrado sustenta su decisión en el hecho de que existía un convenio de colaboración entre una y otra parte firmado en febrero de 2010 -cuando aún estaba en el Gobierno Alejandro Soler- para un proyecto de transferencia tecnológica para la industrialización y la comercialización del dátil. Fue precisamente en virtud de ese acuerdo por el que, según resalta la sentencia, Datelx ocupaba los sótanos del Hort del Gat y, en particular, los de las dependencias conocidas como Casa Honorio y Triángulo.
Sin embargo, en mayo de 2012, la situación se precipitó. Había pasado un mes y poco desde que el Gobierno local clausurara oficialmente la Estación Phoenix, también en el Hort del Gat, después de semanas y semanas de agria polémica. Fue en ese contexto en el que el Ayuntamiento procedió al «descerrajamiento» de los accesos a las instalaciones, para cambiar las cerraduras e impedir, de esta manera, el acceso de Datelx a los locales. Acceso éste que no recuperaría el colectivo hasta un año después, en julio de 2013, cuando, finalmente, el equipo del PP accedió a recular y devolvió los locales a la sociedad.
Sea como sea, la propia Administración local poco menos que admitió ante el juzgado que la decisión unilateral de echar a la entidad del Hort del Gat se había producido. La sociedad agraria había optado por no hacer mucho ruido ni entrar en polémicas estériles, y se fue directamente a los tribunales. El Ayuntamiento no negó que el «descerrajamiento» se produjera e incluso lo reconoció, es verdad. Ahora bien, justificó esa actuación en la «urgencia» de la situación. Defendió el equipo de Mercedes Alonso que se vio obligado a proceder de esa manera para asegurar la paralización de la producción por razones de «salubridad pública», y todo ello por la falta de garantías suficientes, en contra que de lo que marcaba el convenio suscrito en 2010.
El juez, sin embargo, no transigió. Del contenido del expediente administrativo, según deja claro ahora el magistrado en su resolución, no consta, con carácter previo al cambio de las cerraduras, que se hiciera ninguna inspección sanitaria que justificara el bloqueo de la producción, ni tampoco inspección por parte de los técnicos municipales que certificara algún tipo de riesgo en el proceder de la sociedad. A ello se suma el tirón de orejas que viene a dar el magistrado porque tampoco se tuvo constancia de resolución municipal alguna -anterior, simultánea o posterior- en la que el Ayuntamiento diera cuenta de los motivos que le llevaban a hacer lo que acabó haciendo.
No obstante, y si bien es cierto que el magistrado da la razón a Datelx y tacha de ilegal la actuación municipal, no secunda la petición inicial de indemnización solicitada por el colectivo, que pedía 217.000 euros. Para ello, recurre a un informe pericial demandado por la sala, que acaba concluyendo que se deben pagar 89.500 euros por la cosecha perdida. No se incluyen dentro de lo indemnizable los enseres y las máquinas, ya que el perito entiende que su deterioro fue por actos vandálicos. Sin embargo, admite el perito que el Ayuntamiento no custodió bien ese material, y, por ello, suma a los 89.500 euros otros 1.758 euros. Al final, el resultado, 91.263 euros, y todo por un cambio de cerraduras que, para el juez, es a todas luces ilegal, según desprende de su fallo, y por el que ahora se deberá pagar con cargo a las arcas municipales.
